Oficinas de Conciliación y Arbitraje de Ciudad del Carmen cumplen 75 días de ser cerradas
La instalación de la Junta Especial 52 continúa tomada por abogados, ya que aún se está considerando el cierre después de las lagunas mentales
Las instalaciones de la Junta Especial 52 de la Federal de Conciliación y Arbitraje seguirán tomadas por abogados, pues consideran que la JFCA no debe desaparecer o cambiar de sede en, así como por las lagunas legales que giran en torno a su cierre y su operación como Oficina Auxiliar de la Junta Especial 48, ubicadas en la capital del Estado.
Señalan que en reunión que tuvieron con Mara Adriana Mayo Río, nombrada el 22 de noviembre como presidenta de la Junta, y con Joel Canché, quien estará de la oficina que desde el tres de enero debió entrar en funciones, solo se les permitió hacer un inventario de los expedientes acumulados.
Las oficinas de la Junta Especial 52 se mantienen cerradas con cadena y dos vigilantes las 24 horas del día, abrió unas horas para que entren los funcionarios a dialogar con Mayo Río, inventariaron los expedientes pendientes que ascienden a más de cinco mil, pero no les permitieron sacarlos.
Los abogados Alejandra Ramos, Mercy Lun Guzmán, Roberto Kidnie Ramos, Mauricio Cruz Moreno, entre otros impidieron que Mayo Río y Joel Canché y demás funcionarios tomen posesión de las instalaciones, pues quedan pendientes la resolución de amparos promovidos ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuyo objeto es suspender el cierre definitivo de esta oficina que desde los 90 llegó a Carmen.
Mara Adriana Mayo Río llegó por primera vez a entablar pláticas con los abogados que tienen tomadas las instalaciones desde el cuatro de noviembre, y al 19 de enero ya son 75 días que están cerradas sin juicio alguno.
El objetivo es que los abogados cedan el espacio y que la Junta Especial 48 tome posesión nuevamente de las oficinas para entrar en funciones la Auxiliar, “de tal manera que vayamos trabajando y ustedes viendo la forma de solucionar sus conflictos, va a ser un avance y mientras ustedes no nos permitan trabajar cómo daremos cuentas de los avance; si ustedes no nos dan la oportunidad de abrir las oficinas no hay manera de que ustedes vean lo que se tiene pensado, pues vengo con nuevas ideas para fortalecer el lazo de confianza”, señaló.
Dijo que lo que ofrece como presidenta de la Junta Especial 48 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, considerando el cúmulo de expedientes que son más de cinco mil, es que se dividan los juicios de instrucción, es decir, en etapa de integración del expediente, con el resto de los que se van a llevar a Campeche.
Sin embargo, Alejandra Ramos señaló que el trato no les dejaba satisfechos y por ello no permitieron tomas posesión del lugar, “no se entregó la junta, Mayo Río pidió que se entregue hoy (ayer) pues llegó con más de seis personas de Campeche, pero solose les permitió entrar a hacer inventario de los expedientes y nada más”.
Por su parte, Jesús Martín Pech Diaz destacó que la postura de los abogados ha sido el de trabajar de manera conjunta, pero la postura de la autoridad siempre ha sido ajena a los abogados, trabajadores y empresas, “nunca ha sido la postura de nosotros entrar en conflicto con ustedes, ha sido la postura de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y la primera, después de más de 70 días cerrada la junta, que nos viene a ofrecer algo”.
Al respecto, Mayo Río, dijo que no hay vuelta atrás las junta se va a cerrar, “vamos a trabajar en equipo porque ya era un hecho que se iban a ir cerrando las juntas, no hay vuelta atrás”.
Ante ello, Mercy Luna Guzmán y Alejandra Ramos, señalaron que debido a la carga de trabajo o de expedientes acumulados en la Junta Especial 52 era que se sumaría a esta la Junta Especial 48 y no viceversa, además de que de acuerdo al Transitorio por el que se reformó la Ley Federal del Trabajo, se tendría de plazo dos años para poder resolver todos los juicios promovidos en Carmen.
“Es indignante, en una semana habían decidido una cosa y luego ejecutaron algo diferente que va en contra del derecho de los trabajadores y el perjuicio es mucho mayor para Carmen, para los trabajadores, empresas y nosotros como abogados”.
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CC
