Auditoría de Campeche detecta daño patrimonial por 471 mdp en la Secretaría de Obras Públicas

Durante el 2021, en la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas (Sedetuop) existe la posibilidad de un daño patrimonial superior a los 471 millones de pesos, de acuerdo con el tercer y último paquete de informes de cuentas que entregó la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) al Poder Legislativo, a la espera de que la titular de la dependencia, Isabel Espinosa Segura, haga entrega de la información correspondiente para justificar la millonaria observación.

En total, la Asecam identificó el uso indebido de 471 millones 179 mil 217 pesos entre todos los trabajos que ha tenido a su cargo la Sedetuop, sin embargo, de ese total 32 millones 302 mil 269 pesos corresponden a obras diversas, mientras que 438 millones 876 mil 948 pesos con un centavo, es decir, el 93.14 por ciento de los recursos observados, corresponden exclusivamente a la ‘Ciudad Administrativa’, obra insignia de Carlos Miguel Aysa González que continúa inconclusa por vicios detectados en los permisos de construcción.

Entre las cantidades más elevadas relacionadas con la ahora ‘Ciudad Segura’ están 283 millones 173 mil 773 pesos con 40 centavos correspondientes a recursos estatales y 5 millones 910 mil 663 pesos con 50 centavos provenientes del Fondo Petrolero, en 35 obras contempladas en el proyecto inicialmente denominado como ‘Ciudad Administrativa’.

Deficiente planeación

La Asecam asegura que en la obra no se implementó una adecuada planeación, ya que fue ejecutada sin haber realizado los trámites y gestiones propios para contar con el Título de Propiedad del predio en el que está erigida la obra, situación por la cual fue iniciada una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y una denuncia de hechos.

En el mismo sentido, la Sedetuop erogó 15 millones 51 mil 886 pesos con 80 centavos bajo el concepto de “Suministro e instalación de alfombra modular en el área de oficinas del Edificio 4 en la Ciudad Administrativa”, que durante su inspección y verificación se pudo detectar que no se cuidó la ejecución o que el procedimiento constructivo resultó deficiente, además que fue realizado el pago por un excedente de 617 mil tres pesos con 22 centavos, referente a cantidades de trabajos que no fueron realizados.

Además, en los contratos fueron estipuladas penas en contra de los contratistas en caso de que estos tuvieran retrasos, fallas en su construcción o en su caso por incumplir con el convenio pactado, pese a ello, no fueron cobradas las sanciones correspondientes por 428 mil 817 pesos con 23 centavos por concepto de “retraso en la terminación de la obra Suministro e instalación de Alfombra modular en el área de oficinas del Edificio 4 en la Ciudad Administrativa”.

En cuanto a las obras ejecutadas en otros municipios, la Auditoría Superior del Estado detectó que de la misma forma, en Palizada fueron erogados 10 millones de pesos en el “Palacio Municipal”, sin que este contara con título de la propiedad del predio donde fue construida, sin documentación relativa a permisos, derechos y licencia de construcción, además que no poseen el dictamen emitido por la autoridad de Protección Civil Estatal y Municipal que avale la ausencia de riesgos para los usuarios de la obra, por lo que dicho edificio puede suponer un peligro tanto para los trabajadores como para los ciudadanos.

Otro de los edificios que tuvo observaciones fue el “Centro Cultural Infantil La Chácara” en la capital del Estado, donde fueron ejecutados 8 millones 790 mil 848 pesos con 67 centavos, que al igual que la ‘Ciudad Administrativa’ y el ‘Palacio Municipal de Palizada’, fue construido sin documentación relativa a permisos, derechos y licencia de construcción, sin contar con Dictamen de evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 que versa sobre las Instalaciones Eléctricas, ni posee el dictamen emitido por la autoridad de Protección Civil Estatal y Municipal.

Pese a ello, el pasado ocho de diciembre de este año, la oficina de la titular emitió un oficio con número de folio SEDETUOP/OPS/DGAGOP/2381/2022, que dio respuesta a la visita que realizó la Asecam asentada en la orden ASE/DAB/107/2022, ejecutada el pasado 22 de noviembre en las instalaciones de la Secretaría, donde en el acta circunstanciada con referencia RFOP-02 daban un plazo no mayor a cinco días para hacer las aclaraciones correspondientes.

Sin embargo, en los dos resultados que emitió la Auditoría, la Sedetuop reconoció que “no hay evidencia que aclare o justifique la entrega de contratos de obra al no sujetarse al proceso de invitación cuando menos a tres personas”.

Desde que el auditor superior del Estado de Campeche, Javier Hernández Hernández, hizo entrega de los documentos al Congreso local, los entes fiscalizados tendrán un plazo no mayor a los 30 días para la entrega de la documentación correspondiente; de lo contrario, el asunto será turnado ante la Secretaría de la Contraloría (Secont) o a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) para iniciar con la carpeta de investigación contra quien resulte responsable.

Se solicitaron datos desde octubre pasado

Desde mediados del pasado mes de octubre fue solicitada información a la Secretaría de Obras de Campeche, donde tanto su titular Isabel Espinosa Segura como su encargada de comunicación social, Daniela Alpuche González, han omitido dar respuesta en reiteradas ocasiones bajo el argumento de que “no está permitido dar información al respecto”.

Contrario a lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, que señala en el artículo 11 que: “toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será completa, oportuna y accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles, en los términos y condiciones que establezca la Ley General, la presente Ley y demás normatividad aplicable”.

Ante esta situación, el presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (Cotaipec), Néstor Cervera Cámara, aseguró que tanto Espinosa Segura como Alpuche González podrían afrontar sanciones como apercibimiento público, multas económicas, así como inhabilitación del cargo, ya que es obligación de las instituciones estatales hacer del conocimiento general los documentos de obras ejecutadas con recursos públicos.

Cabe recordar, que la ‘Ciudad Administrativa’ fue edificada para disminuir el alto costo de renta de los edificios gubernamentales en el primer cuadro de la ciudad, sin embargo, la obra continúa varada por diversas irregularidades y el Gobierno del Estado sigue pagando rentas millonarias.

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JG