¿Golpe de Estado blando?

En medio de una situación política turbulenta, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que se está gestando un golpe de Estado blando contra su Gobierno y llamó nuevamente a la gente a las calles para manifestarse como poder constituyente.

Esa propuesta de convocar una asamblea de ese carácter (porque no hay otra manera de que el pueblo se manifieste como poder constituyente) parecía haber sido una idea lanzada en el calor de un discurso de plaza pública y luego abandonada por considerarla inviable. Dos de sus principales apoyos: el senador Iván Cepeda, su delegado en la mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y fi - gura de primer orden en la escena nacional, y Ariel Ávila, analista político de izquierda muy consultado, habían rechazado la propuesta por inconveniente.

El Presidente abandona y retoma la idea de la constituyente e insiste con frecuencia, relacionándolos, en la idea de que se está fraguando un golpe de Estado blando contra su Gobierno y que buscan incluso su muerte. Ese golpe no sería con las armas, con el Ejército sublevado, sino, como dijo el expresidente Ernesto Samper: “Los golpes de Estado blandos no buscan derrocar gobiernos, como en el pasado, sino impedirles gobernar a través de estrategias como la judicialización de la política, el escándalo mediático, el daño reputacional, la pérdida de confianza en la economía, el ruido de sables, los conflictos institucionales y el deterioro de la imagen internacional”.

El expresidente Samper sabe de qué habla porque su Gobierno (1994-1998), de corte socialdemócrata, se vio entorpecido por la acusación de entrada de dineros del narcotráfico a su campaña y debió dedicar el tiempo que tenía previsto para reformas sociales a defenderse de la amenaza real de sacarlo del poder, que cada día parecía hacerse realidad.

Lo que llevó al presidente Petro a reiterar su temor al golpe fue el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir una investigación a su campaña presidencial porque supuestamente se saltó los topes financieros y porque había recibido aportes de organizaciones sindicales.

León Valencia, analista político, dijo al respecto: “(bien que investiguen) lo que está mal, muy mal, es que quien encabeza la investigación… es nada menos que Álvaro Hernán Prada, de una familia que… le abrió las puertas al paramilitarismo en el Huila; que, además, ahora, está investigado por la Corte Suprema de Justicia por presunto ofrecimiento de prebendas o beneficios en el caso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos y fraude procesal”.

Por otra parte, la Corte Constitucional acaba de ordenar la liquidación del Ministerio de Igualdad, presidido por la vicepresidente Francia Márquez; las cifras de ejecución presupuestal no favorecen al Gobierno; se ha descubierto un enorme caso de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres (Unrgd) que el Presidente había colocado bajo la dirección de una persona de su confianza; el caso de corrupción de su hijo avanza en los juzgados; los maestros se han rebelado contra el nuevo sistema de salud diseñado para ellos por ineficiente, varios de los grupos armados ofrecen dudas sobre si permanecen o no en las mesas de negociación con el Gobierno y la Paz Total enfrenta enormes dificultades.

Y, en medio de ese panorama, el ELN, la guerrilla que nació al calor de la revolución cubana y se reputa revolucionaria, anunció que vuelve al secuestro porque, en su concepto, no le han garantizado los recursos para mantener a su tropa. El Presidente les respondió señalando que el secuestro es la entrada al traqueteo (narcotráfico). Olvida esta guerrilla las marchas en el 2008 de millones de personas en todo el país contra el secuestro, que incidieron en la voluntad de desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC). Es sin duda el delito más odiado por los colombianos.

Ante el anuncio de la guerrilla, una de sus unidades se rebeló, afirmando que no acepta la conducción desde el exilio de unos mandos que hace años se encuentran fuera del país y no conocen su realidad. El ELN los expulsó y el Gobierno decidió entonces que, ya siendo una organización independiente, puede seguir en negociaciones con ellos.

¿A quién cree el ELN que favorece con esa actitud?