La audiencia del subcomisario de Santa María Chi, Wilberth Nahuat Puc, programada para el 6 de febrero, quedó sin efecto. El Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado notificó que el proceso se suspende “por tiempo no definido”.
Esto debido a que la Fiscalía adscrita señaló que aún faltan por desahogarse elementos de prueba que solicitaron las partes. La audiencia estaba prevista para el jueves 6, a las 8:30 horas en la sala 5 del Centro de Justicia Oral de Mérida.
“Visto el memorial datado y recibido el 13 de los presentes, en la Administración de este juzgado, a las 11:35 horas, suscrito por el fiscal adscrito, licenciado en derecho Rodolfo de Jesús Santana Dávila, por medio del cual, en lo toral, señala que aún faltan diversos datos de prueba solicitados por las partes, por lo que a fin de estar en una mejor aptitud para el desahogo del mismo, se reserva su facultad para formular imputación”, explicó el Juzgado en un documento fechado del 22 de enero.
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Por este motivo, se acordó que, en atención a las manifestaciones del fiscal adscrito, se consideró pertinente dejar a salvo los derechos de la representación social para solicitar nuevamente la audiencia inicial, cuando así lo considere conveniente, para ejercer la facultad que el confiere el artículo 310 del Código Nacional de Procedimiento Penales.
Asimismo, el mencionado memorial se agregó a la carpeta administrativa 334/2024 para “su constancia y efectos legales que correspondan”.
En virtud de la facultad reservada por el nombrado fiscal, “se deja sin efecto legal alguno la audiencia inicial, programada para el próximo 6 de febrero…”, expuso el documento.
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Finalmente, se indicó que así lo acordó y firma la ciudadana juez en turno del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del sistema de justicia Penal y Acusatorio y Oral del Estado, licenciada en derecho, Silvia Elena Torres Cobá.
Como POR ESTO! informó, el subcomisario de Santa María Chi fue denunciado por los delitos de “despojo de cosa inmueble y privación ilegal de la libertad”, durante una protesta pacífica.
Fue interpuesta como represalia a la defensa de su territorio por Pecuaria Peninsular, Chumoxil y Grupo Porcícola San Gerardo, cuya granja Santa María, aparcera de Kekén, contamina la comisaría meridana, ubicada a 10 kilómetros del Periférico.
