Con los gritos de lucha "¡Agua sí, Kekén no! ¡Wilberth no estás solo!", pobladores de Santa María Chi, un pueblo maya, se manifestaron frente al Centro de Justicia Oral de Mérida. Activistas y habitantes del lugar se dieron cita para respaldar a Wilberth Nahuat Puc, subcomisario de la comunidad, quien fue citado a declarar tras ser denunciado por los delitos de “despojo de cosa inmueble” y “privación ilegal de la libertad” durante una protesta pacífica.
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La denuncia fue interpuesta como represalia por la lucha de la comunidad para defender su territorio, que ha estado siendo afectado por la contaminación proveniente de la granja Santa María, una de las instalaciones de la empresa Kekén. Esta granja, operada por Pecuaria Peninsular, Chumoxil y el Grupo Porcícola San Gerardo, ha estado contaminando la comisaría meridana durante décadas, afectando las fuentes de agua y la calidad de vida de los habitantes.
La protesta, que se realizó en defensa del territorio y de los recursos naturales de la comunidad, fue pacífica, pero los enfrentamientos con las autoridades locales y la poderosa industria porcina derivaron en esta denuncia contra Wilberth Nahuat Puc. Los manifestantes aseguran que la acción legal contra su subcomisario es un intento de intimidación y represalia por su incansable defensa de los derechos de su pueblo.
La denuncia de despojo y privación de libertad se centra en un incidente ocurrido durante una de las numerosas protestas que la comunidad ha realizado para exigir el cese de la contaminación generada por las granjas porcinas en la región. Los habitantes de Santa María Chi insisten en que la contaminación ha deteriorado sus recursos hídricos, afectando su acceso al agua potable, y han denunciado múltiples daños al medio ambiente.
El apoyo a Wilberth Nahuat Puc se ha extendido más allá de su comunidad, con activistas de diversas organizaciones uniendo sus voces para exigir justicia. Los gritos de solidaridad resuenan en el Centro de Justicia Oral, donde los manifestantes insisten en que los pueblos mayas deben ser respetados y protegidos frente a los intereses de las grandes empresas que explotan los recursos naturales sin considerar los daños que causan a las comunidades locales.
La situación pone en evidencia la lucha constante de las comunidades mayas por preservar su territorio y recursos frente a las presiones del desarrollo económico que a menudo pasa por alto los derechos humanos y el bienestar de las personas afectadas. A medida que el caso de Wilberth Nahuat Puc avanza, la comunidad de Santa María Chi sigue firme en su lucha por la defensa de su tierra y sus derechos.
