Alcalde de Halachó usa el problema de agua para beneficiar a su cuñada, candidata panista al Ayuntamiento

POR ESTO! ha dado seguimiento al grave problema de la falta de suministro de agua potable en el municipio de Halachó, y de cómo dicho problema está siendo utilizado de manera oportunista por el presidente municipal Rodolfo Castillo Huchim y su cuñada, candidata del Partido Acción Nacional a sustituirlo en el cargo, Melba Abraham Hoyos.

Ante la situación, el oportunismo político no se hizo esperar. El Ayuntamiento inició la construcción de pozos en los domicilios de algunos pobladores, priorizando a los empleados de la Comuna y a los militantes del partido en el poder municipal.

No obstante, de haber aprovechado el problema para sacar raja política, cabe resaltar que los costos que implicaba la construcción del pozo en cada vivienda no era absorbido al 100 por ciento por el Ayuntamiento, sino que le cobraba la mitad al residente.

La candidata Melba Abraham Hoyos, haciendo uso indebido de los recursos públicos, llevaba de forma personal los 2 mil 500 pesos a la familia que había solicitado la construcción del pozo, entregándolos a nombre del Ayuntamiento.

Esto fue denunciado por POR ESTO! gracias a declaraciones que obtuvimos de algunos beneficiarios que dijeron sentirse engañados por la candidata que, además, les solicitó una copia de las credenciales de elector de todos los adultos votantes que habitaran las viviendas.

Al día de hoy, la actual administración no ha llegado a algún acuerdo con los ejidatarios y parece que no desea hacerlo.

A partir de lo denunciado en el periódico de la Dignidad, Identidad y Soberanía, el Gobierno del Estado ordenó la construcción del Sistema de Captación de agua potable Pozo 1 en el municipio de Halachó, en una zona ubicada unos cuantos kilómetros después de donde se ubica la bomba que ocupan los ejidatarios de Maxcanú.

Esta corresponsalía obtuvo la declaración de trabajadores del propio Ayuntamiento que dirige Castillo Huchim, quienes confirmaron que el Alcalde enviará, en su representación, al evento de inauguración de dicha bomba, a su cuñada y candidata del PAN, Melba Abraham Hoyos, para que ésta aproveche el acto y lo muestre a la población como una gestión propia.

De concretarse lo dicho, significaría que tanto el Primer Edil como su partido político continúan en el tenor de violar la ley electoral de manera flagrante, con el apoyo del Gobierno del Estado y de los funcionarios involucrados, como sería el caso del director general de la JAPAY, Carlos Francisco Castillo Sosa, quien podría incurrir en una falta grave como servidor público estatal, de permitir que una candidata esté presente en la entrega de la obra.

La suspensión del suministro surgió cuando los ejidatarios de Maxcanú decidieron ocupar el espacio donde se ubica la bomba de agua que brinda el servicio a Halachó, puesto que dicha instalación está dentro de la propiedad del ejido, por el cual éste pedía al presidente municipal Rodolfo Castillo Huchim una indemnización por el uso de tierras ejidales.

Como señalamos en la nota del 22 de febrero de este año, el conflicto con el Ejido del municipio vecino no inició recientemente, pues desde 2015, cuando María Cecilia Abraham Hoyos, hermana de la hoy candidata del PAN, tuvo conocimiento mediante una solicitud que le entregó dicho Ejido, en la que le solicitaron la información correspondiente a si existía o no un convenio entre la Comuna y la autoridad ejidal, y si este implicaba el pago de una renta o si representaba algún otro beneficio para los parcelarios.

En los meses de abril y marzo del año pasado, los ejidatarios de Maxcanú solicitaron la intervención de la Procuraduría Agraria, la cual, a su vez, requirió al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la Entidad, el documento que ampara el título de concesión, registrado el 4 de marzo de 1996, por parte del núcleo agrario, de la superficie donde se encuentra físicamente la bomba de agua.

En noviembre de 2023, durante la mesa de conciliación en la que participó el Ejido de Maxcanú, autoridades de la Procuraduría Agraria, el Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm), la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) y el presidente municipal Rodolfo Castillo Huchim, éste último se negó a cubrir el costo de 600 mil pesos que le eran solicitados por el ejido, ofreciendo en contrapropuesta la cantidad de 200 mil.

La oferta de Castillo Huchim fue rechazada debido a que la cantidad que le tocaría a cada miembro del ejido sería irrisoria.  Al no llegar a algún arreglo, el servicio de agua potable fue suspendido y los pobladores comenzaron a exigir una solución.

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GC