Organizaciones civiles exigen que Bachoco pague el daño ambiental y económico en Hunucmá
Las organizaciones civiles alzaron la voz para que Bachoco se salga del municipio de Hunucmá y pague por el daño causado
Tras los recientes hechos violentos protagonizados por Bachoco contra campesinos de Hunucmá, organizaciones civiles levantaron la voz para exigir a la empresa que salga de ese municipio y de las comunidades donde no la quieren, que pague el daño ambiental y económico causado, y que cumpla con la legislación ambiental vigente si pretende operar en algún sitio, pues tiene un largo historial negativo.
Originaria de Sonora, donde los hermanos Robinson Bours iniciaron en 1952 un modesto negocio avícola que devino en el gigante Bachoco, la empresa se ha expandido por todo México gracias a su producción intensiva de huevo, pollo y cerdo. Con una fortuna superior a los 3 mil 600 millones de dólares, la familia Robinson Bours figura entre las más ricas del país. Sin embargo, detrás de esta prosperidad se esconde una historia de daños socioambientales que las comunidades afectadas han comenzado a sacar a la luz pública.
El conflicto propociado por la empresa avícola Bachoco contra los horticultores de Hunucmá, ponen en evidencia nuevamente el historial de afectaciones ambientales y sociales que acumula esta compañía, en Yucatán y en diversas regiones del país, afirmó el activista Cuauhtémoc Jacobo Femat, integrante del Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán.
Jacobo Femat hizo estas declaraciones también en representación del Grupo Promotor de la Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán, el Grupo Promotor del Agua de Hunucmá, Agua para Todxs y Agua para la Vida, organizaciones todas ellas críticas de la actuación de Bachoco.
De acuerdo con estos colectivos, la posición de Bachoco ante los pueblos originarios se caracteriza por la sistemática violación de derechos constitucionales y convenios internacionales, incluyendo el derecho a la consulta previa, a la libre determinación, a la salud, al agua y al saneamiento.
Así, además de Hunucmá, comunidades de Homun, Kinchil, Sitilpech, Chapab, San Fernando, Uayalceh, Santa María Chi y otras localidades yucatecas han denunciado en los últimos años las consecuencias negativas de la presencia de Bachoco en sus territorios.
Un fallo judicial reciente, de noviembre pasado, ordenó suspender la construcción de una granja avícola de Bachoco en Peto, al considerar que se violó el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa. Pese a que México ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales desde 1989, en la práctica este derecho ha sido reiteradamente ignorado, afirman las organizaciones sociales.
Uno de los principales impactos documentados es la contaminación del aire, el agua y los suelos derivada de los desechos animales. Desde 2016, en Querétaro, la asociación Mujeres ha registrado el fallecimiento de siete personas y la afectación de la salud de 22 más debido a la quema de desechos de una granja Bachoco, sin que las autoridades actúen al respecto.
En Jalisco, la organización Igualdad Animal México presentó en 2021 una denuncia donde acusa a una granja de Bachoco en Lagos de Moreno de operar sin los permisos ambientales requeridos, generando emisiones de metano y vertidos de residuos que dañan el entorno. Casos similares se han documentado en Guanajuato, donde se afirma que la empresa vierte aguas residuales a canales de riego violando la normativa estatal.
El incumplimiento del derecho a la consulta prevista en el Convenio 169 de la OIT es otra de las constantes en la actuación de Bachoco, que suele instalar sus granjas avícolas y porcícolas en comunidades indígenas sin informar ni pedir su consentimiento.
A esto se suma el impacto económico y social, pues actividades tradicionales como la apicultura y la horticultura se ven amenazadas, mientras aumentan enfermedades y malos olores. Los empleos generados suelen ser precarios y con condiciones laborales deficientes.
Ante esta situación, las organizaciones sociales responsabilizan tanto a Bachoco como a las autoridades que han permitido su actuación al margen de la ley. Por ello, reiteran su llamado a que la empresa abandone las localidades donde la población se opone a su presencia, repare el daño causado y, de continuar operando en México, lo haga cumpliendo escrupulosamente la legislación ambiental y respetando los derechos humanos.
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NM
