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En el proyecto del gasoducto autorizado por la administración municipal de Renán Barrera Concha, se omitió describir por lo menos 310 ubicaciones críticas, que no fueron enlistadas en los planos de la empresa Tractabel Engie, con lo que se ocultó lo peligroso de la introducción de gasoductos en colonias de alta densidad poblacional en el Norponiente meridano, según copias de los documentos a los que POR ESTO! tuvo acceso.
Los puntos críticos son gasolineras, cruces ferroviarios, escuelas, iglesias, parques, centros de salud y comercios, zona de intensa actividad y cruce de personas, además de áreas habitacionales pobladas en las colonias García Ginerés, San Damián y Residencial Pensiones; se calcula que son 6 mil 560 personas viviendo en la zona de alto riesgo.
Barrera Concha asumió la responsabilidad de autorizar planos avalados sin considerar los riesgos y consecuencias en la población. La instalación de ductos de gas altamente flamable en zonas habitacionales pone en grave riesgo la vida de miles de familias, incluidos 700 menores de 14 años, según cifras del Inegi.
Esta conclusión forma parte del peritaje del experto Rubén Armando Presuel Polanco, que fue solicitado en el juicio de amparo 332/2021-VII ante el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán, y promovido por vecinos de la calle 11 por 32 de la colonia García Ginerés y que fue respaldado por habitantes de San Damián y Pensiones, quienes se opusieron fervientemente a la instalación de ductos de gas natural con fines comerciales para el sector doméstico, recurso legal que ganaron los vecinos, como dimos a conocer.
El dictamen integrado al expediente evidencia que el estudio de Impacto Ambiental y Riesgo Ambiental demostró que el trazado del gasoducto autorizado por Barrera Concha no coincide con lo autorizado y aprobado originalmente por la Comisión Reguladora de Energía, ya que se desvió irregularmente a zonas habitacionales.
El trazo propuesto del proyecto para la distribución de gas natural por ductos en la zona del predio número 218 letra B de la calle 11 por 32 –según el dictamen—se encuentra en un área de alta densidad habitacional denominada Zona 1 de Consolidación Urbana. De acuerdo con el Programa Municipal de Desarrollo (PMD) de Mérida, en su tabla de compatibilidades de usos y destinos del suelo, ningún proyecto de mediano o alto impacto de tipo industrial, de servicios, de equipamiento o comercial está permitido ahí.
El PMD indica en su página 82 que actividades de distribución de gas natural por ductos como actividad de us industrial no pueden realizarse en la Zona 1, pues “ninguno de estos niveles de impacto (mediano y alto) es permitido desarrollar en áreas de alta densidad población donde se presentan entre 28 y 38 viviendas por hectárea de la zona 1 de consolidación.
Los vecinos promoventes del juicio se ubican dentro de la Zona 1, por lo tanto, el número de habitantes de esa zona rebasa por mucho a lo permitido por la normatividad.
Ante esta delicada situación, los afectados solicitaron en su momento la intervención de las autoridades federales para obligar al Ayuntamiento de Mérida a reubicar el trazado del gasoducto y llevarlo lejos de las zonas habitacionales; lograron la protección de la justicia en los primeros días del presente año.
Uno de los hallazgos más preocupantes es que en estas colonias se localizan tres importantes hospitales públicos: los hospitales regionales del Issste, del IMSS y el privado Centro Médico Pensiones, los cuales atienden a miles de derechohabientes todos los días. En ese entorno, no sólo hay pacientes, sino también comercio que se deriva de este tránsito. Además, es una zona de alta vialidad, en la que circulan autobuses de pasaje, taxis y motociclistas.
El dictamen pericial aceptado en un juicio federal de amparo directo dejó al descubierto que el alcalde con licencia de Mérida, Renán Barrera Concha, autorizó irregularmente la instalación de tuberías de gas natural en zonas habitacionales densamente pobladas en el Noreste de la ciudad, violó los planos originales y puso en grave peligro a miles de familias.
Una explosión por fuga de gas convertiría esa área en zona de desastre, con riesgo mortal para la zona directa y manzanas cercanas, cosa que no consideraron los “expertos” de la empresa y tampoco los funcionarios del Ayuntamiento de Mérida.
El perito Presuel Polanco sostiene que el ducto atraviesa específicamente los puntos vulnerables identificados, 310 en total, que la empresa no tomó en cuenta o intentó ocultar para obtener la aprobación de la obra en el Manifiesto de Impacto Ambiental y que posteriormente avaló el Ayuntamiento de Mérida.
En su dictamen advirtió que el gas natural es una sustancia altamente inflamable y explosiva, catalogada como de alto riesgo por las cantidades que se transportan, superiores a los 500 kilogramos reportables. Una fuga o explosión del ducto podría tener efectos catastróficos en esta densamente poblada zona habitacional, que antes no enfrentaba este peligro ambiental y de salud colectiva.
Ante el evidente cambio de trazado del proyecto original, el perito concluyó que “se introducen una situación de riesgo innecesario y que no existe previamente o en su caso adicionan una condición de riesgo” a una zona que antes no enfrentaba la amenaza de un ducto con gas natural explosivo e inflamable.
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LV
