“Hartazgo”, es el calificativo que los pobladores de la comisaría de Santa María Chí expresaron contra la granja San Carlos, aparcera de Kekén, que a pesar de que fue cerrada parcialmente, aún funciona en su interior: siguen engordando alrededor de 60 mil cerdos en 70 naves.
William Nahut Chalé pidió al Gobierno federal intervenir para cerrar el paso a la contaminación del agua, que está enfermando a la población y causando un daño irreparable al medio ambiente. Él y otros dos compañeros tienen montado desde hace cuatro meses un campamento frente a la entrada principal de la granja, pero se han enterado de que la empresa abrió accesos por otros sitios para seguir comercializando los cerdos.
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Desde que el 13 de mayo iniciaron la protesta, han colgado en todo el trayecto de la única vía de la subcomisaría varias lonas con la leyenda: “Santa María Chí sostiene una defensa de vida, que ya es un símbolo de cada pueblo maya que lucha contra el ecocidio que propicia la megagranja San Carlos”.
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Cerca del campamento, montado sobre palos y tiras de lona y viejas láminas de zinc, se observa la puerta de acceso de la granja, totalmente cerrada por indicaciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).
Sin embargo, los habitantes de la comisaría, como William, comisario ejidal, saben que la empresa abrió acceso para seguir con la comercialización de los cerdos. En la planta hay alrededor de 60 mil animales en engorda, gestación y destete, con el propósito de que Kekén pueda exportarlos.
El escándalo de la aparcera de Kekén estalló cuando la población entera empezó a sentir fuerte olor a humo pestilente, que provenía de cerros de estiércol se habían incendiado; toneladas de excremento de cerdo, en tolvas de 24 toneladas cada una.
Desde que iniciaron la protesta han recibido el apoyo de organizaciones civiles para frenar la actividad de la granja que consta de 30 hectáreas, incluso más grande que el pueblo. Se han enterado de que cuando mueren los cerdos o lechones les tiran un ácido para disolverlos de inmediato.
Al no poder consumir el agua de pozo, tienen ahora que comprar garrafones de 19 pesos cada familia; pero no sólo es el temor de beber, sino también de bañarse con el líquido que extraen del pozo, por miedo a enfermarse de la piel.
Ambrosio Chalé Poot y Pedro Ribas Aké, dos de los habitantes que se mantienen permanentemente en el “campamento”, aseguraron que el Ayuntamiento de Mérida autorizó la construcción de dos privadas en los alrededores de Santa María Chí y que los desarrolladores están presionando al Gobierno estatal para que saquen de ahí a la granja.
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GC