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La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán imputó penalmente al alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, y al secretario de la Comuna, José Carlos Ortega Jiménez, por delito corrupción.
Los involucrados, entre los que también están un exdirector de Obras Públicas y un empresario, fueron vinculados a proceso y puestos bajo medidas cautelares para evitar su fuga, como la prohibición de salir del Estado, y obligados a garantizar el pago del daño al erario.
La acusación se deriva de una simulación en la contratación de una empresa para ejecutar proyectos municipales que, en realidad, ejecutaron empleados del propio Ayuntamiento.
Este es el segundo caso judicial en el que está involucrado el Alcalde de Motul: en el 28 de junio pasado, la misma Fiscalía le imputó el delito de peculado agravado por 800 mil pesos, utilizados para la construcción de una calle. La arteria, en realidad, ya estaba terminada gracias a los recursos federales.
En caso de ser encontrados culpables, ambos funcionarios serán sentenciados y encarcelados, en un acto jurídico que no tiene precedentes en el Estado.
En la audiencia, celebrada el 2 de agosto, Fiscalía estableció que los funcionarios montaron la adjudicación de un contrato de obra pública para el bacheo de calles, pero la empresa quela ganó no ejecutó las obras, sino que trabajadores del municipio taparon los hoyancos.
Ante la evidencia presentada, se pidió al Juez de Control la vinculación a proceso de las personas acusadas, por el delito de peculado, es decir, el desvió de recursos.
La defensa de los imputados solicitó ampliar el plazo legal para la situación jurídica y el juez se lo concedió, bajo la condiciones de no salir de la Entidad y dejar una garantía económica para resarcir la pérdida causado a las finanzas públicas.
El 7 de agosto, la defensa intentó desestimar la querella con documentos de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Bienestar que “demostraban” que se usaron recursos federales y no estatales; incluso argumentaron que la Federación no tuvo “observaciones” sobre el contrato de obra pública. Los fiscales demostraron lo contrario porque las irregularidades en Fondo de Participaciones es de competencia del fuero común.
Sobre el “aval” de la Auditoría, los propios documentos establecen que se trata de revisión meramente documental y, en este caso, los papeles “simulados” no presentaban ninguna inconsistencia. En realidad, el delito se demostraba con las pruebas sobre la ejecución de la obra, que a todas luces era un engaño para desviar los recursos.
La Auditoría estatal demostró que las obras realizadas estuvieron a cargo de la Comuna y no de la empresa contratada. El Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra los imputados y otorgó un plazo para el cierre de la investigación.
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LV
