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De las 507 granjas porcícolas asentadas en Yucatán, únicamente 22 cuentan con permisos y con el Manifiesto de Impacto Ambiental registrado ante la Semarnat, por ello, activistas e investigadores coincidieron en la urgente necesidad de que las autoridades “presionen” y actúen para que dichas industrias generen opciones para dejar de ensuciar el vital líquido, además de que es indispensable que se revisen los permisos que ostentan.
El problema de la falta de regulación y, por ende, la contaminación que generan estas empresas es grave, debido a las condiciones del suelo yucateco, donde abundan los cenotes. Según datos de Greenpeace, hay muchas granjas sin registro oficial. Entre las que lo tienen, solo 22 cuentan con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), de acuerdo con un informe de la organización de 2020.
Viridiana Lázaro, especialista en Agricultura, Alimentación y Cambio Climático de Greenpeace en México, señaló que debido a las características calcáreas del suelo, que es un terreno kárstico, poroso, se genera la filtración de desechos de los cerdos que van a parar a los cuerpos de agua.
Pero agrega que la filtración a las aguas no es el único inconveniente, también está la deforestación que se realiza en la expansión de las instalaciones porcícolas, que pueden afectar a especies de la zona, como el jaguar, el mono araña o el loro yucateco, así como toda una biodiversidad que se desarrolla en las cuevas.
Además, las altas concentraciones de fósforo y nitrógeno queman la vegetación en superficie. Buena parte de la zona donde se han instalado estas granjas en Yucatán están protegidas por su alto valor natural, como el Anillo de Cenotes.
Recientemente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) prácticamente vetó la instalación de más granjas porcícolas en Muna, Conkal, Cacalchén, Muxupip, Kanasín y Mérida. Además, se exigió la reducción de la cantidad de cerdos en plantas ubicadas en Cacalchén, Conkal y Muna.
Sobre el nivel de contaminación del agua por la industria porcina, cuatro municipios están en condiciones críticas y 11 en condiciones de atención urgente, mientras que 36 están dentro de los límites sustentables. Durante la reciente presentación del Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad porcícola en Yucatán, a través de un Facebook Live, se dijo que los yucatecos sufren a diario el impacto de una “nube de ácido sulfhídrico y de amoniaco”, que los vientos transportan a varios kilómetros. Además de que suelos están sobrefertilizados, debido al exceso de medicamentos que se les da a los cerdos para evitar que se enfermen.
Ante este panorama adverso, organizaciones del medio ambiente coinciden en la exigencia que no se instale ni una sola granja más en Yucatán ni se amplíen las que hay hasta que no haya una minuciosa revisión de las que ya existen y se tomen muestras de agua.
Para Salvador Elías Castell González, biólogo y consultor medioambiental, es necesario que se aumente la presión de las autoridades para que las industrias cuenten con nuevas infraestructuras hidráulicas y así tener el menor o nulo impacto en el ecosistema yucateco.
El también presidente del Colegio de Posgraduados en Ciencias Ambientales y Biotecnología del Sureste, A.C., señaló que “no se trata que los yucatecos no quieran que la Entidad tenga un desarrollo económico, sino que se realice de manera sostenible, pero es necesario implementar una mejor infraestructura hidráulica que debe depender también de las empresas, para determinar el impacto que están causando”.
“Todo tiene que ir de acuerdo con la norma, pero no sólo es ver si se tienen los permisos, pues varias sí los tienen, pero saben que los desechos al final se están desbordando al acuífero, a la tierra y no se está limpiando como se debe, se necesita infraestructura y se debe implementar ya”, enfatizó.
Externó que, además de las consideraciones sobre la huella hídrica de la industria porcícola, es necesario considerar que un cerdo en su etapa adulta produce de acuerdo con su talla y peso, entre cuatro y 10 veces los residuos que genera una persona adulta, por lo que el sistema actual no permite que los desechos sean “limpiados en su totalidad”, lo que contamina tanto el agua como el suelo, por lo que pueblos como Homún y Sitilpech se han visto en la necesidad de manifestarse para tratar de evitar que se instalen industrias.
“El problema es que muchas veces las mismas autoridades de los municipios permiten que estas empresas entren, debemos empezar a ser más objetivos y críticos y no dejarnos impactar, ya que después vienen los problemas medioambientales, el dictamen está ahí, las granjas sí contaminan, ahora es ver cómo se va a solucionar, porque no solo es decir que está mal, sino resolverlo”, externó.
Dentro del dictamen emitido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el volumen de los excrementos que salen de estas empresas rebasa por mucho la concentración de nutrientes que requieren los cultivos y también la capacidad de la tierra para absorberlos, por lo que el exceso de excremento que ya no es utilizado por los cultivos escurre sobre la Tierra, y se infiltra hacia cenotes, acuífero y también a los pozos de agua, lo que pone en riesgo la calidad de fuentes de abastecimiento para las personas y actividades económicas que coexisten en el territorio con la granja.
Por su parte, el colectivo Ka´anan Ts´onot (Guardianes de los cenotes) en Homún, afirmó que, en el caso de Yucatán, la principal fuente de abastecimiento de agua es su acuífero, el cual presenta cualidades específicas que le otorgan una alta conductividad hidráulica, esto por el tipo de suelo (kárstico) que posee una alta permeabilidad que permite el paso de otros líquidos derramados en su superficie.
“La lucha jurídica por los cenotes en el Estado permitirá a las comunidades convertirse en defensoras de sus hogares e impedir que el Gobierno dé cualquier orden, apruebe proyectos turísticos, inmobiliarios o porcícolas que dañen estos depósitos de agua y que contaminen de cualquier otra forma en donde estén instalados”, señaló el secretario y vocero de dicha agrupación, José Clemente May Echeverría.
Según la Semarnat, los resultados del “Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad porcícola en Yucatán” fueron presentados directamente al Gobierno del Estado de Yucatán y se conformó una mesa técnica para lograr tener una homogenización de un diagnóstico real, lo cual no existía.
May Echeverría consideró que el estudio de la Semarnat confirma que el pueblo tenía razón y que “existe una sabiduría que no fue escuchada hace seis años cuando se dio el primer aviso sobre esta situación”.
“El estudio emitido por el Gobierno Federal por conducto de la secretaria de Semarnat, María Luisa Albores González, es considerado por las comunidades afectadas como acertado, porque servirá como base a otros pueblos que quieran emprender un juicio o reanudar uno”, detalló.
El activista recalcó que el comunicado ayuda mucho al pueblo yucateco. “De momento la industria porcícola ya no podrá seguir creciendo, porque el Gobierno ya no debe dar ningún permiso. Otra ventaja es que las granjas en activo deberán cumplir con la NOM-001 de la Semarnat, misma que se ha modificado ligeramente para motivar que se cumpla, lo cual es responsabilidad del Gobierno local”, dijo.
Detalló que lo siguiente es que el Gobierno estatal haga su trabajo, ya que muchas granjas continúan operando en la entidad sin el Manifiesto de Impacto Ambiental, es decir, de manera clandestina con la anuencia de las autoridades estatales.
Según el diagnóstico del Gobierno Federal, 12 poblaciones yucatecas rebasan el límite de cerdos por hectárea: Cacalchén, Conkal y Muna, por lo que deben de reducir la densidad de cerdos. En tanto que a Muxupip, Opichén, Hocabá, Acanceh, Tekantó, Mérida, Xocchel, Tixpéual y Kanasín no se le deben de otorgar más permisos para instalación de granjas.
En algunas poblaciones hay más cerdos que gente, tal es el caso de Muna, con cinco animales por persona, le sigue Conkal, con cuatro, y con dos está Cacalchén y Muxupip. El diagnóstico reveló que tampoco se deben de otorgar permisos a Kanasín y Mérida, dada la alta densidad de población de animales. Ambos municipios son los que más habitantes tienen, según el Censo Nacional de Población 2020.
Mientras que en Opichén, Hocabá, Acanceh, Tekantó, Xocchel, Tixpéual Chumayel, Timucuy y Umán, se debe de mejorar los sistemas de tratamiento, ya que hay un cerdo por persona. En Yucatán operan 507 granjas porcícolas, distribuidas en 87 municipios, ubicadas en la zona de recarga de la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes.
Del total, 139 son de traspatio o de autoconsumo; 208 cuentan con una o dos naves; 89 tienen tres a siete naves; 48 poseen entre ocho y 20 naves, y 23 tiene al menos 21 naves.
El integrante del Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán, Cuauhtémoc Jacobo Fernat, insistió en que todas esas empresas “no solo están contaminado el aire y el suelo, sino que están sucediendo cosas graves, porque se están instalando sin el permiso previo, ni han informado a las comunidades indígenas del Estado”, resaltó.
“Todos estos problemas que se generan a causa de las granjas es uno de los motivos por los que se debe aprobar la Ley General de Aguas que se encuentra en la Cámara de Diputados y que evitará que continúen contaminando”, manifestó.
El director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), Adrián Pedrozo Acuña, afirmó que la industria porcina en Yucatán genera cinco problemas principales: la eutroficación de cuerpos de agua superficial, provocando daños a humedales, cenotes y ecosistemas, al grado que estos segundos, hay presencia de algas; la lixiviación de nitratos y patógenos contaminan el agua y el suelo, mientras que el exceso de nutrientes y metales pesados generan daños a la fertilidad del suelo y reducción de tierras cultivables.
De igual forma, hay una contaminación de aire e incremento del efecto de invernadero debido a la emisión de metano, amonio y otros gases, además de que hay una mala disposición de los cadáveres de cerdos, por lo que hay tiraderos clandestinos en cuerpos de agua y en basureros ilegales.
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CC
