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Miguel Rivas, director de Santuarios Marinos, advirtió que la sanción que interpuso la Profepa al complejo inmobiliario de los hermanos Víctor y Daniel Campos Agüero demuestra que sí se puede hacer algo para detener el proyecto, cuyo sustento legal ha quedado en duda

La clausura de los geotubos en Paraíso Sisal por violar la ley ambiental es la prueba de que los proyectos como el desarrollo inmobiliario que aparentemente “están en orden” pueden frenarse, advirtió Miguel Rivas Soto, director de Santuarios Marinos de Oceana en México.

El integrante de la organización no gubernamental internacional, que se dedica a la preservación de los mares en todo el mundo, aseguró que nuevas informaciones, como nuevas pruebas en un juicio, pueden echar para atrás una obra vigente, como recién sucedió en Sisal, ahora que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) Yucatán le puso un alto a la colocación de los espolones artificiales.

Además de dar pie a que vengan otras sanciones contra el proyecto de los hermanos Víctor y Daniel Campos Agüero, cabezas del Cártel de Sisal, esta acción de la autoridad federal evidencia la inoperancia del Gobierno Municipal, encabezado por Edna Marisa Franco Ceballos, quien ha insistido en que “no podemos hacer nada” ante un permiso otorgado con anterioridad.

“Hay que avalarse de que es un área natural protegida (ANP) y que necesita ser conservada”, aseguró Rivas Soto. “Este proyecto debería de tener una manifestación de impacto ambiental (MIA), que diga cómo es viable de manera ecológica sin afectar y, si afecta, cuáles son las medidas de afectación”, expuso el ecólogo.

“Si hay una anomalía, tiene que revisarse, la Profepa debe ser un garante sobre si se está respetando la condición ambiental que se tiene originalmente de la zona”.

En ese sentido, POR ESTO! Ha informado de cómo, entre otras anomalías, hubo un cambio, de uso del suelo que permitió a los dueños de Paraíso Sisal lotificar un terreno que formó parte de la Reserva Estatal El Palmar y luego construir viviendas sobre la duna costera, gracias a permisos que desde 2018 obtuvieron con la complicidad del entonces delegado de Semarnat, Hernán José Cárdenas López.

Sobre esta base, las autoridades municipales han argumentado que no pueden proceder contra los empresarios, porque se trata de permisos federales; sin embargo, la sanción de la Profepa derivó de una denuncia que interpuso la Secretaría de Desarrollo Sustentable, es decir, de Gobierno del Estado.

Rivas Soto indicó que “el Estado también tiene que ser garante y se tiene una buena herramienta de que es una reserva ecológica. Tiene la mejor herramienta para hacer un control adecuado, de qué se puede construir y qué no se puede, y si la construcción cumple con la MIA y el orden social que se necesita”, explicó. “Debe de haber una mayor complejidad en cuestión de impactos ambientales”, sostuvo.

El diario de la Dignidad, Identidad y Soberanía había denunciado, desde marzo, la colocación ilegal de geotubos. Luego, la SDS denunció el hecho y la Profepa acudió a inspeccionar la costa; constató que se instalaron 50 tubos geotextiles a lo largo de mil 791 metros lineales.

Estas obras se realizaron “sin considerar y aplicar los criterios y especificaciones establecidos por la autoridad normativa, lo que pudo haber causado daños o deterioro grave a los recursos naturales”, subrayó el comunicado compartido días atrás por la Profepa.

De tal manera, que se procedió a la suspensión “hasta nuevo aviso” de toda actividad en esa zona de Paraíso Sisal.

Así, quedó demostrado que con voluntad política e insistiendo se puede dar un cambio para bien. Son acciones que hacen la diferencia, consideró Miguel Rivas, pues permiten ver “hacia donde marca la línea un Gobierno, si es consciente de la riqueza natural que tiene. Si esto no ocurre, es que no está habiendo una voluntad política”, aseveró. Y precisamente la presidencia municipal de Hunucmá, puesto que Marisa Franco se ha deslindado del tema.

Por ello, el director de Ocena exhortó a que los pobladores levanten la voz para que este caso tome la relevancia necesaria. “Pueden hacer un amparo contra el proyecto”, aconsejó. 

Instó también a que organizaciones de derechos ambientales “se acerquen para guiarlos y los ayuden en procesos que son muy burocráticos, que llevan mucho tiempo para hacer las denuncias correspondientes”.

En cuanto al organismo que preside, indicó: “Aunque un tema no tenga una campaña nuestra, se puede tener un posicionamiento”, por lo que ha sido muy crítico con el caso de Paraíso Sisal.

Desde principios de marzo, Rivas Soto se había pronunciado contra el proyecto: “La necedad de hacer negocio con la naturaleza sin respetarla provocará al final una pérdida millonaria”, comentó a POR ESTO! En esa ocasión, cuando hizo un inventario de la catástrofe que está causando el desarrollo inmobiliario Paraíso Sisal: despedazó la duna costera, defensa natural contra huracanes, amenaza de muerte a 572 especies de fauna, genera erosión al desviar el flujo natural del agua y propicia la acumulación de toxinas…

Por su parte, el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) reprobó el empleo de los “espolones” artificiales sin supervisión de la autoridad, pues, aunque se han empleado en otros lugares del Estado, como en los puertos de abrigo de Chuburná y Telchac, están basados en estudios científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, y no se colocaron, como en Sisal, por capricho de un grupúsculo de empresarios.

(Continuará)...

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LV 

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