Paraíso Sisal viola la ley ambiental de Profepa con la instalación de 50 geotubos

Los dueños del complejo inmobiliario, Víctor y Daniel Campos Agüero, colocaron 50 geotubos a lo largo de casi mil 800 m de la costa sin el permiso correspondiente, lo que puede ocasionar “daños o deterioro grave” a los recursos naturales; clausuraron las obras en la zona
miércoles, 19 de abril de 2023 · 07:40

Los hermanos Víctor y Daniel Campos Agüero, propietarios del proyecto inmobiliario Paraíso Sisal, violaron la ley ambiental al colocar geotubos a lo largo de casi mil 800 metros del litoral costero, estructuras que pueden causar “daños o deterioro grave a los recursos naturales”, informó la Procuraduría Federa de Protección al Ambiente (Profepa).

“Por esta razón, se tomó la medida de clausurar temporalmente las actividades del proyecto”, advirtió la autoridad, en un comunicado en el que aseguró que la inspección se derivó de una denuncia por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), del Gobierno del Estado de Yucatán.

La autoridad aclaró que los constructores sólo tienen permiso para lotificar y que cada propietario de una porción del terreno debe tramitar para poder edificar, pero que nadie tiene licencia para instalar geotubos, es decir, no tienen Manifiesto de Impacto Ambiental para eso.

Pérdida de playas

El comunicado de la autoridad federal confirma, de paso, la pérdida de playas en Paraíso Sisal,  al señalar que “estos tubos se utilizan para restituir las playas que están siendo amenazadas por erosiones naturales o por la acción humana”, entre la que está incluida precisamente la lotificación de los predios tal como también ha denunciado el diario de la Dignidad, Identidad y Soberanía, que le ha dado voz a científicos, organizaciones no gubernamentales y activistas que han alertado con insistencia sobre esta devastación del proyecto de los empresarios del Cártel de Sisal.

Esta es la primera reacción oficial de los gobiernos, tanto estatal como federal, a la denuncia sistemática de POR ESTO! sobre las irregularidades en el megaproyecto de viviendas de lujo, pues si bien ya se había dado, desde marzo pasado, una clausura de las estructuras ilegales, sólo se había aplicado sobre dos de ellas; ahora, la sanción se aplicó a todos los geotubos instalados, según el comunicado.

Cabe destacar el pasado 1 de marzo, el diario de la Dignidad, Identidad y Soberanía documentó que el lote de la familia Morales se instalaba un par de geotubos, los cuales no estaban autorizados y carecían del Manifiesto de Impacto Ambiental.

Permisividad de Semarnat

Tres semanas después, llegaron los inspectores de Profepa para colocar el respectivo sello de clausura, cuando la obra estaba terminada. Ahora de nuevo realizaron un operativo que confirmó la violación a la ley y lasanción fue mayor.

En las últimas semanas, se han documentado paso a paso cómo los hermanos Víctor y Daniel Campos Agüero han utilizado recovecos legales para edificar un complejo habitacional en una zona que era parte de la Reserva Estatal El Palmar, según decreto de la administración de Patricio Patrón Laviada, por su importancia capital en la conservación del medio ambiente. Ahora pretenden comercializar 416 lotes, que abarcan una superficie de 200 hectáreas aledañas a la Reserva Natural El Palmar.

Los empresarios se ampararon y mediante un “decretazo” emitido en 2010 por la entonces gobernadora de Yucatán, Ivonne Aracely Ortega Pacheco, y firmado por los titulares de las secretarías de Gobierno estatal, Víctor Manuel Sánchez Álvarez, y de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, lograron “arrancarle” una alargada franja paralela a la costa, convertida hoy en un filón, al área natural protegida.

Luego, en 2018, solapados por el entonces delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Hernán José Cárdenas López, recibieron el aval del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) 31YU2017UD085, para la “Urbanización, electrificación, ampliación de camino existente y apertura de un nuevo camino de acceso para un predio formado por los tablajes catastrales: 1896, 2888, 2889, 4803 y 5565 denominados Paraíso Sisal, ubicado en el puerto de Sisal, comisaria de Hunucmá, Yucatán”.

Después, en agosto de ese año, la dependencia federal emitió el oficio 726.4/UGA-0617/0001454, para autorizar la “Construcción y operación de una casa habitación” en el lote 5222 del “proyecto de lotificación Paraíso Sisal, en la comunidad de Sisal, Yucatán”. A partir de ahí, la Inmobiliaria El Palmar de Sisal inició la venta de los terrenos con un valor de 500 mil pesos el metro lineal.

Acción legal

En febrero pasado, POR ESTO! inició con la denuncia pública del saqueo que se realiza en la costa Norponiente de Yucatán principalmente por este complejo inmobiliario del grupúsculo de empresarios, pero no fue sino hasta ahora que las autoridades tomaron cartas en el asunto. Ayer, en un comunicado títulado “La Profepa atiende denuncias por instalación de geotubos en Yucatán”, la Federación dio cuenta de la intervención en Paraíso Sisal.

Informó que recibió una denuncia por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado con relación al proyecto “Paraíso Sisal”, por la apertura de “caminos en terrenos con vegetación de matorral de duna costera” y la instalación de “geotubos tipo espigón en los terrenos del proyecto sin la autorización correspondiente”.

La Procuraduría inspeccionó las obras en el proyecto inmobiliario y constató que se habían instalado 50 tubos geotextiles de 30 metros de largo y 0.80 metros de ancho, con separación de 25 metros, a lo largo de mil 791 metros lineales, pero determinó que son ilegales.

“Estos tubos se utilizan para restituir las playas que están siendo amenazadas por erosiones naturales o por la acción humana. Sin embargo, estas obras se realizaron sin considerar y aplicar los criterios y especificaciones establecidos por la autoridad normativa, lo que pudo haber causado daños o deterioro grave a los recursos naturales. Por esta razón, se tomó la medida de clausurar temporalmente las actividades del proyecto”.

Así, a las voces de científicos, políticos, ecologistas y activistas que han marcado su oposición al proyecto de los Campos Agüero, ahora se suman las acciones concretas, basadas en la ley de las autoridades estatales y federales. Sin duda, una luz de esperanza para las especies amenazadas y el ecosistema dañado por la voracidad empresarial.

Continuará…

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CC