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El acelerado crecimiento demográfico en Yucatán prende las alarmas sobre un urgente foco de atención, pues según cifras oficiales, la población en localidades de más de 15 mil habitantes pasó de representar el 49.7 por ciento en 1980 al 61.5 por ciento para 2015, evidenciando la creciente tendencia a la urbanización y crecimiento explosivo para 2022.
Por ello, a través de reformas a la legislación inmobiliaria plasmadas en actualizaciones de la Constitución de Yucatán, se busca frenar este problema que parece que se escapa de control y que ahoga el desarrollo urbano, como el caso de Mérida, que enfrenta una explosión hacia el Norte y una gentrificación que daña la calidad de vida de comunidades como Santa Gertrudis Copó, rodeada de edificios y torres departamentales, incluido el megaproyecto Aantik.
Asimismo, se estima que la población total sigue expandiéndose a un ritmo anual del 1.8 por ciento, mientras que la construcción de nuevas viviendas mantiene una tasa anual aún mayor, del 2.7 por ciento. Estas proyecciones sobre el desmesurado aumento poblacional y la acelerada urbanización en Yucatán prenden alertas sobre múltiples problemas asociados.
Este diagnóstico sienta las bases para la iniciativa de modificación a la Constitución Política de Yucatán. Además, contempla la expedición de las siguientes legislaciones: Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, Ley de Procuración de Justicia Ambiental y Urbana, reformas a la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, adecuaciones a la Ley de Vivienda del Estado, así como actualizaciones a la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominios del Estado.
A través de estos cambios integrales al marco legal estatal, se busca atender los aspectos más urgentes en materia de planificación urbana, territorial y ambiental. Las modificaciones pretenden otorgar mayor rectoría a las autoridades para enfrentar los acelerados procesos de urbanización y sus externalidades negativas. Con las nuevas facultades y herramientas legales se aspira a orientar un desarrollo regional más equilibrado, sustentable, inclusivo y con apego a los derechos humanos.
Este paquete legal fue aprobado recientemente en el Congreso del Estado, aunque aún no se publica en el Diario Oficial. No obstante, establece con claridad los principales problemas en torno a la expansión urbana de Yucatán: el crecimiento acelerado de las zonas urbanas, la ausencia de programas municipales efectivos sobre desarrollo urbano y la proliferación de ventas de lotes sin servicios, entre otros.
Asimismo, el paquete normativo apunta a regular de mejor manera casos de conurbación metropolitana como el de Mérida. Para ello plantea reglas más estrictas con el fin de evitar que esta expansión desordenada e insostenible degrade la calidad de vida de la población.
Con la implementación de estas leyes y modificaciones se espera que las autoridades encargadas tengan un mejor control del uso de suelo y los procesos de urbanización. El objetivo final es orientar un desarrollo urbano organizado, que provea vivienda digna con todos los servicios básicos.
Es evidente, según se plantea en el diagnóstico que justifica el paquete legislativo, la presión en servicios básicos como agua, luz y transporte podría colapsar la capacidad de respuesta gubernamental. Además, el rápido crecimiento habitacional conllevaría desafíos para el desarrollo sustentable de las ciudades. En definitiva, el panorama demográfico de Yucatán exige atención de autoridades y sociedad civil para prevenir una crisis humanitaria sin precedentes en la región.
Los cambios legales pretenden poner coto al acelerado y, en ocasiones, desordenado crecimiento habitacional que se está produciendo. Aunque existan planes de ordenamiento territorial, la rápida expansión demográfica y urbana parece sobrepasar la capacidad de respuesta de las autoridades locales.
Con las mencionadas reformas constitucionales se aspira a que el Estado pueda intervenir de forma más activa en la regulación del sector inmobiliario, actuar como freno a posibles abusos y contribuir a un desarrollo habitacional más organizado y sostenible.
Por eso, mediante reformas legales a la ley inmobiliaria, reflejadas en actualizaciones a la Constitución de Yucatán, busca frenar este problema que parecería que escapa de las manos, a pesar de la planeación que procuran las ciudades, como el caso de Mérida.
Con base en las cifras del Inegi, Yucatán contaba en 2020 con una población de 2 millones 320 mil 898 habitantes. Esta cifra muestra un crecimiento demográfico en la última década, reflejo de la expansión acelerada de las zonas urbanas del Estado.
Este fenómeno de concentración poblacional en las ciudades también se observa a nivel nacional. De hecho, el 72 por ciento de la población mexicana reside actualmente en zonas urbanas. Ante este panorama, resulta fundamental construir infraestructura que fomente la vida pública, como parques, plazas y calles.
Asimismo, es imprescindible atender los retos en términos de calidad, cantidad y distribución equitativa de los espacios públicos, tanto a nivel federal como local. Esto para promover ciudades más habitables, sustentables y que propicien la cohesión social.
De no tomar acciones contundentes de planificación y políticas públicas, las crecientes urbes yucatecas están condenadas a enfrentar severos problemas en calidad de vida de sus pobladores, de ahí que justifican la modificación de las leyes para ajustarlas a la realidad más reciente.
Uno de los problemas destacados en la iniciativa legislativa tiene que ver con la deficiente planeación territorial en Yucatán. Según datos del Inegi en 2017, de los 106 municipios del estado, solo 62 contaban con algún tipo de planificación o gestión en este sentido. Más aún, únicamente siete municipios afirmaron tener programas efectivos de ordenamiento territorial.
Esta situación resulta extremadamente grave si se considera que Yucatán enfrenta acelerados procesos de urbanización y crecimiento demográfico. La ausencia de una adecuada planeación que regule los usos de suelo y oriente el desarrollo de infraestructura y viviendas conducirá irremediablemente a ciudades insostenibles y entornos cada vez más inhóspitos para los habitantes.
Por ello, la iniciativa legal plantea dotar de mayores competencias en la materia a las autoridades estatales y municipales. Asimismo, contempla mecanismos que permitan una coordinación más estrecha entre los distintos niveles de gobierno para garantizar una mejor gestión territorial que promueva el bienestar social.
Otro punto relevante de la iniciativa es la creación de la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Yucatán. En la actualidad existen en el país 8 procuradurías ambientales de carácter descentralizado y 8 más de tipo desconcentrado. No obstante, 9 de las 32 entidades federativas, entre las cuales se encuentra Yucatán, no cuentan con un organismo especializado de esta índole.
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LV
