El Congreso del Estado aprobó que el delito de incesto se castigue con prisión de 20 a 30 años, la violencia familiar de 10 a 20 años y que se consideren como agravantes las lesiones permanentes y el daño psicológico.
La diputada morenista Alejandra Novelo Segura señaló que, con esta reforma, “enviamos” un mensaje claro a los agresores… Sus conductas tendrán severas consecuencias”.
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Reconoció que a esta iniciativa presentada por la fracción legislativa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se suscribieron 16 de los 25 diputados, para dejar claro que la violencia sexual, de cualquier tipo, no tiene cabida en Yucatán, “más aún, en el seno familiar”.
Lamentó que la violación cometida por familiares, principalmente por padres o tíos, es uno de los problemas que enfrentamos en la sociedad yucateca. “Para conocer el número real de casos, habría que multiplicar por 10 el número de casos de incesto o violación sexual agravada por ser cometida por el padre o padrastro de la víctima para aproximarnos a la magnitud del problema”.
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Ahora el delito de incesto se castigará con prisión de 20 a 30 años, el de violencia familiar de 10 a 20 y que su agravante considere las lesiones permanentes, así como el daño psicológico. Además, en el hostigamiento, acoso, abuso sexual, violación, violación equiparada y estupro la razón de aumento de penas por agravantes sea de las dos terceras partes.
También, aumentará la pena de delitos sexuales cuando sean cometidos por el cónyuge, concubino o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, adoptante o persona que mantenga o haya mantenido una relación de hecho o de pareja con la madre, padre o tutor de la víctima.
Con esta modificación, se incluye en la agravante a parientes por consanguineidad o afinada hasta el cuarto grado, que es donde las estadistas muestran se encuentran la mayor proporción de agresores.
“Aumentar las penas por sí solo no es la solución total”. Por lo que hizo un llamado a la Fiscalía y al Poder Ejecutivo para que, desde sus respectivas encomiendas, elaboren políticas públicas que permitan también actuar en la materia y prevenir y erradicar las violencias.
“Se requiere mejorar el sistema de protección de la infancia local, que el personal de la Fiscalía este ampliamente capacitado y sensibilizado, y deje de revictimizar a quien ha sufrido alguno de estos delitos, también, que investiguen mejor y más rápido. Trabajemos juntos por este objetivo común”, afirmó.
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NM