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Escrito por Miguel II Hernández Madero
La identidad de quienes venden el proyecto inmobiliario Aantik está cubierta por un laberinto de operaciones legales y transferencias que datan desde hace doce años, por lo menos: no se sabe el nombre de los propietarios originales.
La compleja estructura corporativa y uso de un fideicomiso inmobiliario generan opacidad sobre la identidad de los verdaderos responsables. Esto dificultaría potenciales reclamos o acciones legales en caso de incumplimientos, al tiempo que facilita blindar activos de posibles embargos.
El proyecto es de SUA Desarrollos, Avanti y empresas relacionadas que están constituidas en un fideicomiso, pero en el historial registral no se encuentra el nombre original del vendedor, ni en el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), organismo creado en el 2011.
A partir del número de tablaje, POR ESTO! rastreó que la inscripción de propiedad se realizó el pasado 3 de mayo de 2023, pero no aparecen los propietarios originales del proyecto que ha causado el rechazo de los vecinos de Santa Gertrudis Copó y Temozón Norte, quienes argumentan que la construcción empeorará el caos vial por la falta de planeación para el crecimiento urbano en la “zona prime”.
Sólo consta en el documento más antiguo que el terreno fue dividido en tres partes el 4 de junio de 2013. Es entonces cuando surgen los representantes de Avanti: los empresarios Juan Felipe López Rodríguez y Roger Hernán Evia Urbina, quienes ocupaban los cargos de secretario y vocal del Consejo de Administración de dicha empresa moral constituida como sociedad anónima de capital variable (SA de CV).
Desde entonces hay un laberinto e imbricación de transferencias: en diciembre de 2022 hubo una inscripción rectificada con número 3193934. Este documento había sido notariado el 9 de diciembre del mismo año por la fedataria Gladys Eugenia López, notaria No 21 de Mérida, y fue registrado en el Insejupy. Más adelante, el 25 de abril de 2023, se inscribió el “Contrato de Fideicomiso de Administración de Actividades Empresariales con Derechos de Reversión”, identificado con el número 3262136.
En el contrato fechado el 3 de mayo de este año, comparecieron en representación de Desarrollos Inmobiliarios SUA, Juan Carlos Almada Salcedo; por Avanti, Juan René Cárdenas López, así como Juan Felipe López Rodríguez, Roger Hernán Evia Urbina y Mario Augusto Alfredo Cárdenas Rodríguez, en sus roles de presidente, secretario y vocales del consejo de administración de dicha sociedad. En representación de Banca Mifel, estuvo presente Eduardo Andrés Cámara Rodríguez, como parte del Fideicomiso.
Los departamentos que van desde los 3 millones y medio hasta los casi 20 millones, así como consultorios y oficinas de 3 millones y medio a 5 millones, representan un riesgo. No se hace preventa solo apartado con el diez por ciento, pero sobre una propiedad incierta.
El terreno fue escriturado apenas en mayo de 2023, lo que indica que el proyecto se encuentra en una fase aún muy temprana, a pesar de que ya se ofrecen departamentos para entrega en diciembre de 2026. Adicionalmente, el valor catastral del terreno es muy bajo en comparación con la envergadura del proyecto anunciado inicialmente de 3 torres de 15 pisos cada una, lo que podría ser una señal de sobrevaloración o falta de sustento real.
Asimismo, prácticamente no existen permisos, licencias de construcción ni otros trámites que respalden legalmente este desarrollo o la preventa de unidades habitacionales. Esto representa un riesgo significativo en caso de que el proyecto no prospere o no se concluya en el plazo y condiciones ofrecidas.
Los fideicomisos inmobiliarios son una herramienta financiera que puede ofrecer muchas ventajas para el desarrollo de este tipo de proyectos.
El fideicomiso inmobiliario posibilita que el titular del patrimonio mantenga su identidad en secreto, lo cual puede resultar útil en ciertas situaciones. Al recurrir a una entidad bancaria, se pueden obtener facilidades para realizar el proyecto. Un aspecto importante es que estos fideicomisos “no están sujetos a medidas de embargo, son inembargables”, según su descripción legal.
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LV
