Ejidatarios y Gobierno de Yucatán acuerdan diálogo para recuperar más de 350 mil hectáreas

Manifestantes del Frente Campesino por la Defensa de la Tierra y la Vida acordaron con el Gobierno estatal sentarse a la mesa para un encuentro de carácter resolutorio sobre la restitución de tierras que le han sido robadas por empresarios inmobiliarios y particulares.

Los quejosos señalaron que, desde el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, les “han robado” más de 350 mil hectáreas de uso común.

Los inconformes marcharon ayer desde la Casa de Montejo al Palacio de Gobierno, para exigir la restitución de “tierras robadas” por empresas inmobiliarias, que a lo largo de los últimos 25 años, “se han dedicado a pisotear los derechos de los campesinos y los ejidatarios de Yucatán, sin que alguien les ponga freno”.

Voz fuerte

En voz alta, los campesinos se pronunciaron y exigieron que se forme una comisión tripartita entre el frente y los gobiernos estatal y federal, y que se llegue a una resolución a más tardar en un mes, para que “se haga justicia y se reintegre a los campesinos y ejidatarios lo que es propiedad de nosotros”.

Entre las voces, Pedro Quijano señaló: “Exigimos también justicia para los compañeros de las comunidades que están siendo afectados por las granjas porcícolas de la empresa Kekén, y a la Conagua también le exigimos que cuando acuda a hacer estudios científicos sobre el agua que maneja, no le avisen a esa empresa”.

En corto, dijo que los marchistas por el despojo de tierras acompañan solidariamente a los compañeros de poblaciones del interior del Estado, como Homún, Sitilpech y demás, que también sufren la contaminación del agua y de su biodiversidad, por la invasión de Kekén y sus granjas de cerdos.

“De esta injusticia nos centraremos en próximas marchas; “existe una estrategia y orden para ello”, aseguró el activista y luchador social.

“Exigimos también justicia para los compañeros de las comunidades que están siendo afectados por las granjas porcícolas de la empresa Kekén, y a la Conagua también le exigimos que cuando acuda a hacer estudios científicos sobre el agua que maneja, no le avisen a esa empresa”, reiteró, en su discurso durante la marcha.

El reclamo público y exigencia para que la autoridad interceda a su favor duró hora y media y apoyaron representantes de los sindicatos del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estados (ISSSTE), de Telefonistas y del Monte de Piedad, que coincidieron en que “es tiempo de apoyar a los ejidatarios que han sido robados y engañados, y de expulsar a los invasores”, como llamaron a los empresarios inmobiliarios, entre los que por cierto resaltó el nombre de Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Después de la manifestación pública, una comisión del comité, encabezada por Pedro Quijano, fue recibida por la abogada Silvia Alicia Bolio López, asesora de la Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaria de Desarrollo Social y Religioso, en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, en los bajos del interior de Palacio de Gobierno.

Ambas partes firmaron una carta compromiso para que en un lapso no mayor a 30 días se realice la “mesa de negociación con carácter resolutorio”, que proponen y exigen los ejidatarios que ayer alzaron la voz.

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JG