Semarnat revisará documentación de las megagranjas porcícolas en Yucatán

Las granjas porcícolas establecidas en Yucatán están en riesgo: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se comprometió a revisar todas las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que, en su momento, se autorizaron para que las megaplantas de cerdos se instalaran en zonas vulnerables de la Entidad.

En una reunión entre pobladores mayas de los municipios afectados por la actividad porcícola, la titular de la dependencia, María Luisa Albores, prometió no otorgar ningún permiso más para que nuevas fábricas porcinas se abran el territorio yucateco.

De acuerdo con información difundida por Grupo Indignación, en un encuentro efectuado en Kinchil, tras seis años de demandar un diálogo, representantes de ocho comunidades indígenas expusieron el impacto negativo de esta industria en las tierras que habitan y los recursos naturales que las rodean.

En pocas palabras, los pueblos originarios expresaron: “no queremos más granjas porcícolas en nuestro territorio”.

De manera particular, integrantes del Consejo Maya del Poniente Chik’iin ja’ pidieron respeto al derecho de la libre determinación de los pueblos originarios; y advirtieron que las autoridades que no estén dispuestas a respetar dicho derecho “pueden darse la vuelta”.

A través de variados testimonios, habitantes de Homún, Kinchil, Celestún, San Fernando (Maxcanú), Chapab, Yaxkukul, Chablekal y Uayalceh hablaron del despojo de tierras a causa de la construcción de las megagranjas porcícolas, la violación a sus derechos -de autoridades municipales, estatales y federales- al otorgar permisos sin su consentimiento; la aprobación, sin rigor científico, de las MIA, la deforestación y la contaminación de cenotes.

Su mayor reclamo -dice Indignación- fue el trato preferencial a empresarios porcícolas y la violación a su derecho a la libre determinación.

Racismo

Los pobladores reclamaron a la Secretaría de Desarrollo Sustentable su diferencia con las plantas porcícolas, específicamente con Kekén, y “el racismo” que ha manifestado hacia los pueblos que, de forma constante, han alzado la voz exigiendo el respeto a sus derechos y el cierre de las fábricas de cerdos que afectan su territorio.

Recordaron que, desde 2020, habitantes de más de 20 comunidades denunciaron las anomalías ante instituciones federales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), la Semarnat, y a nivel estatal la SDS, y ninguna de las querellas avanzó.

Kinchil, San Fernando (Maxcanú) y Celestún comentaron que en julio de 2021 -al igual que lo hizo Homún, en 2017- realizaron una consulta autónoma para decidir sobre la permanencia de las megaplantas de cerdos en su territorio e invitaron a las autoridades ambientales de todos los niveles de gobierno para que proporcionaran la información relacionada con la actividad y los impactos generados por los criaderos de cerdos que operan en sus territorios, pero guardaron silencio.

Otros pueblos expresaron su preocupación ante las diversas afectaciones ocasionadas por Grupo Porcícola Mexicano (Kekén), las cuales van desde malos olores, hasta la contaminación al agua, las abejas y en general al campo.

Los pueblos mayas organizados lograron que la titular de la Semarnat se comprometiera a no otorgar ningún permiso más a las megafábricas de cerdos y a revisar las Manifestaciones de Impacto Ambiental otorgadas a las plantas porcícolas, a garantizar el proceso de participación de las comunidades en la determinación de sus ordenamientos territoriales y a coadyuvar en la realización de estudios y análisis sobre la calidad del agua en aquellos territorios mayas afectados por la industria porcina.

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CG