Juez federal frena nombramiento de magistrados al Poder Judicial de Yucatán

Un juez federal metió en aprietos al Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado para continuar con el nombramiento de magistrados que recientemente renunciaron a sus cargos en el Poder Judicial.

Fechado el 3 de junio (expediente 1382/2022-II-B) la titular del Juzgado Cuarto de Distrito, Socorro del Carmen Díaz Urrutia, otorgó la suspensión temporal del nombramiento de los sustitutos de los magistrados Marcos Alejandro Celis Quintal y Luis Esperón Villanueva.

La juez citó para audiencia incidental el día 10 de este mes a las 13:45 horas, fecha en que podría otorgar la suspensión definitiva del acto reclamado.

De acuerdo con la copia de la sentencia, el promovente es el Juez de Control Segundo del Primer Distrito Judicial de Mérida, licenciado Santos Alfredo May Tinal, quien consideró que no se aplicaron con claridad las reglas y criterios de idoneidad para las ternas que el gobernador Vila Dosal envió al Congreso del Estado.

Este hecho sin precedente, obligó al Congreso del Estado a modificar la agenda que tenía prevista para la sesión plenaria de hoy, a las 11:00 horas, y canceló el procedimiento de nombramiento de las ternas avaladas en comisiones.

Al parecer, el Congreso fue notificado en el transcurso de la mañana, porque fue hasta las 13:50 horas cuando se cambió el orden del día y se retiró la designación de dos magistrados y la toma de posesión.

La Juez Cuarto de Distrito fijó 48 horas para suspender el nombramiento de los nuevos magistrados y en caso de no hacerlo se le impondría al Congreso del Estado una multa de “100 mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)”.

Durante las sesiones internas de comisiones, el diputado Rafael Echazarreta Torres insistió en que las ternas enviadas por el gobernador Vila Dosal no cumplían con la “idoneidad”, sino que eran funcionarios de su gabinete, ocupando puestos diversos en secretarías e instituciones educativas oficiales, pero sin experiencia jurídica.

“Estoy seguro que nunca han emitido un fallo”, dijo apenas la semana pasada cuando se discutieron los relevos de Celis Quintal y de Esperón Villanueva.

Señaló que el Ejecutivo al proponer ternas con funcionarios de su gabinete se interpretaba como una intromisión e intento de control del Poder Judicial.

La juez advirtió que la audiencia incidental sería el día 10 y que a las autoridades responsables no habrá necesidad de emitirles oficio para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y ahora para el desahogo de la audiencia, por lo que en caso que se logre diferir la fecha se podrá consultar en la página de Internet.

Sobre la naturaleza de los actos reclamados, la juez indicó: “Ahora bien, en la especie se trata de un acto de carácter omisivo, en virtud de que las autoridades responsables han sido omisas en emitir reglas y criterios precisos al público en general, así como a los que servidores públicos del fuero común, que tienen carrera judicial para poder entrar a una selección de terna de magistrados para ocupar un cargo vacante del Tribunal Superior”.

En el dictamen de Socorro del Carmen Díaz Urrutia se menciona que hay un antecedente para apoyarse al otorgar la suspensión provisional, que fue un hecho que sucedió en Baja California, en noviembre del 2016, también en el proceso de nombramientos de magistrados.

El efecto de suspensión provisional no afecta el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia en la impartición de justicia, pues entrarían en funciones sus suplentes.

El 21 de mayo pasado, el diputado Echazarreta Torres propuso reformas constitucionales (fracción VI y VII y la adición la fracción VIII al Artículo 65) para que entre los requisitos para ser candidato a magistrado se encuentre la de ser juez de primera instancia y que cuente con al menos un período concluido en el cargo.

En el caso de Santos Alfredo May Tinal, éste cumple ese perfil de haber cumplido un período como Juez de Primera Instancia. Además, el precedente que sentó este juez puede mover a otros más que tienen carrera judicial para iniciar amparos por el mismo motivo.

El diputado Gaspar Quintal Parra comentó que la suspensión provisional sólo aplica para el caso de los nombramientos de los magistrados que renunciaron y no para los que ya fueron nombrados en semanas anteriores bajo el procedimiento de selección de ternas a propuestas del Ejecutivo.

Sobre la suspensión provisional, se le pidió su opinión al presidente de la Junta de Gobierno, Víctor Hugo Lozano Poveda, pero estaba ocupado en reuniones de trabajo.

El Gobierno fija postura

Más tarde, el Gobierno del Estado, en un comunicado, defendió su postura al decir que “ha cumplido a cabalidad con lo que establece la Constitución en el procedimiento de designación de magistrados al Tribunal Superior de Justicia de Yucatán (TSJEY). Esto para brindar a los yucatecos una justicia pronta y expedita mediante un Poder Judicial que sea garante de sus derechos”.

Sobre el amparo, el juzgado Cuarto Distrito del Poder Judicial de la Federación expresó que “no tiene mayores elementos para determinar la legalidad o no del acto reclamado”, por lo que determina la suspensión provisional del procedimiento, en tanto, estudia el fondo del asunto.

No obstante, dicho acuerdo también señala que se puede continuar con el procedimiento de designación de magistrado al TSJEY para cubrir la vacante generada por el retiro voluntario anticipado de quienes ocupan el cargo actualmente, pero sin concluirlo.

La Consejería Jurídica sostiene que es la misma Constitución Política del Estado la que establece que es facultad del titular del Poder Ejecutivo presentar ante el Congreso local las propuestas de ternas a la Magistratura y, en ella misma, se expresan los requisitos que deben cumplir a quienes se proponga para dicho cargo.

Esta dependencia señala que se realizarán las acciones legales correspondientes, agotando todas las instancias. El objetivo es proteger el interés colectivo por encima de aspiraciones personales, y garantizar así a todas y todos los yucatecos la impartición de justicia.

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CC