Profepa retirará a más de 4 mil familias de viviendas ilegales en la zona del manglar de Chicxulub

Un asentamiento irregular ubicado cerca del Sendero Jurásico de Chicxulub ya ha sido clausurado por las autoridades
martes, 14 de junio de 2022 · 09:31

En los siguientes días se realizará la depuración de hasta cuatro millares de familias que mantienen viviendas ilegales en la zona de invasión del mangle que se encuentran a lo largo de casi diez kilómetros del tramo Chicxulub-Telchac, el cual desde el año 2010 comenzó a expandirse a raíz de la llegada de población del Sur del país.

Otros datos proporcionados por la dirección municipal de catastro y zona federal, constan de una creciente anual que ha comenzado incluso a ganar hasta  114 metros lineales de los bordes al agua pantanosa, donde viven diversos animales; los más peligrosos son los cocodrilos.

Profepa ha comenzado a clausurar, ellos son quienes tienen la autoridad para poder hacer ese tipo de acciones, la comuna solamente opera bajo estricta vigilancia a cargo de la Policía Ecológica. Sabemos que vendrán más clausuras por medio de estas mallas que evitan que los pobladores vuelvan a ingresar a vivir sobre el mangle” indicó Alí Yamil Dib Muñoz, titular de la dependencia mencionada. 

Esta misma dependencia, asegura el funcionario que realizó un censo hace dos años y se calcularon alrededor de 4 mil familias en toda el área que abarca de los linderos entre Progreso y Chicxulub, hasta los límites con el área cercana a Telchac Puerto.

El primer tramo en ser clausurado fue el ubicado justo enfrente del Sendero Jurásico, pues a lo largo de casi cien metros se instaló una malla verde que imposibilita a los pobladores el acceso rumbo a sus viviendas improvisadas, mismas  que ya estaban por dejar el cartón y la lámina para dar paso al cemento que según habitantes de las primeras zonas oficiales de Chicxulub, entraba el material de edificación de contrabando en altas horas de la noche.

Vecinos del rumbo aseguraron que pese a la restricción siguen acudiendo a su morada las familias foráneas que sin permiso ocuparon parte del mangle, siendo efectivamente el horario nocturno el favorito para operar en la construcción de otras viviendas.

“Son gente que casi no tiene contacto con nosotros, son una comunidad totalmente cerrada, prefieren llevarse solo entre ellos y arreglarse ellos mismos, cuando llegan los inspectores del IVEY se alertan para encerrarse dentro de sus casas”, expresó una habitante cercana al lugar que prefirió omitir su nombre por temor a represalias.

La intervención más reciente se tuvo en septiembre del año pasado cuando por medio de un operativo en conjunto con Profepa, Protección Civil y la comuna del municipio se colocaron letreros de alerta sobre el peligro de permanecer en un lugar habitado por cocodrilos y donde una creciente de agua podría propiciar la caída de una de las casas de cartón.

“Mucha gente ha acudido con nosotros para solicitar ayuda y formalizar su vivienda pero es imposible, no podemos ayudarlos porque están en unos asentamientos que le corresponden a Profepa. Resulta mucho riesgo para ellos estar ahí” agregó el entrevistado.

A principios de año, este medio también dio a conocer que la presencia de más de 500 casas de este tipo afecta no solo a sus habitantes y el ecosistema del agua, sino también al arribo de por lo menos 10 mil especies que comienzan a asentarse en esta zona para llevar a cabo su periodo de reproducción primaveral tras emigrar del norte del continente. Dicho peligro fue sustentado por el especialista en biología y experimentado veterinario progreseño Diego Herbert  Novelo Borges.

Invadir áreas con mangle, se castiga a través del reglamento municipal de ecología en su artículo 23, capitulo “séptimo “evolución del impacto ambiental”, llegando a sanciones económicas que podrían exceder hasta por encima de los diez mil pesos según el impacto que haya generado quien invada el también conocido “oxigeno del ecosistema”.

En lo que respecta a instancias federales, estas constatan que el daño al mangle, representa un delito federal que se castiga con una pena de dos a diez años de prisión, y por el equivalente a trecientos o trece mil días de multa, Misma observación recae a través del reglamento municipal de ecología en su artículo 23, capitulo “séptimo “evolución del impacto ambiental”. Una de estas leyes, es la NOM-022-SEMARNAT-2003.

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CC