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La segunda visita de las autoridades del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) a los terrenos de invasión en Flamboyanes, volvió a tener repercusión entre los pobladores, quienes en días previos protagonizaron múltiples trifulcas por adjudicarse los espacios donde se asientan las viviendas de cartón y lámina.
En entrevista con los habitantes de estos espacios, pidieron al IVEY se presente en el lugar, a fin de parar la ola de violencia que se ha propiciado a raíz del ingreso de elementos de esa dependencia.
Ayer se notificó casa por casa a cerca de 100 morosos que no han pagado las mensualidades de sus terrenos, que corrían el riesgo de perder su derecho de permanencia y dar paso a que se instale otra familia beneficiaria de este organismo.
“Es increíble que no sepamos quién es la persona que ordena estas expulsiones a pesar de que ya existen contratos y medios de pago para tener nuestras casas de manera legal. Queremos que el director general se presente aquí y nos dé una explicación, no queremos ver más peleas, se está destrozando la gente en Flamboyanes”, aseguró Mildred López, joven habitante que desconoce que actualmente el titular de esta dependencia es Carlos Francisco Viñas Heredia.
“Lo que van a ocasionar es que nos mantengamos en nuestras casas esperando atacar, como animales buscando su casa nos mantienen, creo que el trato es hasta inhumano. Lo peor de todo es que si no te ven ocupando tu área designada te sacan tus cosas a la calle como si no valieran nada y meten a otras personas a vivir a tu domicilio”, sentenció Manuel Alcántara, sexagenario de la zona.
También se supo que entre los más de 500 habitantes de este sector existen los “castigados”, mismos que son llamados de esa manera pues les congelan el proceso para la obtención de sus terrenos, obligándolos a permanecer habitando otras áreas como es el caso de las hectáreas del empresario fallecido Manuel Rodríguez Peón “Príncipe”.
Los “castigos” pueden imponerse por actos como la constante participación en riñas, la falta de respeto a las autoridades estatales y hasta por soltar información con la prensa local sobre la presencia de los protocolos que realiza en este sector el IVEY.
Carlos Eduardo Noyola Sosa, comisario de Flamboyanes, expresó que existe una serie de irregularidades en el protocolo que ha establecido el IVEY en los últimos días, pues actualmente habían más de 10 familias desahuciadas sin verdaderos motivos. Aunado a esto, se ha solicitado un censo para conocer cuánta gente habita el área, pero sin resultados hasta el momento.
“No nos parece la manera en que se realizan las cosas en esa zona, queremos que todo sea dirigido de manera legal y constituida, que se respete a los beneficiarios que poco a poco están pagando y se dejen de tener conflictos, solo el viernes pasado se ameritó traer dos ambulancias por personas que se liaron a golpes, es una situación muy complicada la que se tiene ahí”, explica el funcionario que ha mantenido contacto con los habitantes para conocer la problemática.
Aunado a esto, se ha solicitado un censo para conocer cuanta gente habita el área del IVEY pero sin resultados hasta el momento por parte de dicha institución. El equipo de trabajo de Noyola Sosa, mediante recorridos constituye que solo en el área del instituto para vivienda se mantienen 560 familias, mientras que en el sector del “Príncipe”, estarían ocupando las tierras otros 500 pobladores en su mayoría nacidos en el sureste mexicano.
Debido a las enfermedades que se han propagado en la población al carecer de servicios como el agua potable, se averiguó que en estas semanas se tendría un contrato directo con el sistema de alcantarillado municipal a fin de erradicar el método antiguo de suministro que se tenía con tres tomas comunitarias, divididas entre las tres secciones de los terrenos, pues el uso del recurso también era motivo de golpes y hasta atentados con arma blanca. “La gente ve por sus familias, algunos hacen pozos dentro de sus hogares para buscar el líquido vital.
En cuanto a la energía eléctrica se expuso que se busca por medio de dos alternativas: una con el Ramo General 33 y otra con un contrato que entre los habitantes tendrían que administrar para dar paso a un estudio socioeconómico que ayude a tener la instalación de este recurso para dejar de tener alumbrado por la vía de “diablitos”.
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CC
