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La presión contra el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota sube de tono. Greenpeace, Grupo Indignación y Guardianes de los Cenotes entregaron 181 mil firmas electrónicas y advirtieron que si la autoridad permite la reactivación de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), filian de Kekén, los habitantes de Homún tomarán la granja de manera permanente e impedirán toda actividad de ese negocio, en un acto de resistencia civil.
“Vamos a cerrar el tramo si el juez permite la reapertura”, advirtieron.
La fuerza de voluntad de la población de Homún, donde se asienta la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes y el Parque Estatal Lagunas de Yalahau, fue evidente: Ayer por la mañana, bajo torrencial aguacero, la organización que representa a los niños y niñas de esa comunidad, Guardianes de Cenotes, protestaron frente al edificio del Poder Judicial Federal, en la calle 45 de la colonia Petronila, en donde desplegaron una manta con la leyenda “+181,000 firmas. Queremos cenotes, no granjas”.
Al mismo tiempo, la abogada que asesora a los pobladores, Lourdes Medina Carrillo, y la representante de Greenpeace, Viridiana Lázaro Lembrino, quien vino ex profeso de la Ciudad de México para participar en el acto, entregaron las firmas electrónicas de personas de todo el país que recabaron en una plataforma digital desde el 2020.
El documento fue sellado de recibido a las 10:23 horas, vinculado al amparo directo 1757/2019-IV-A, dirigido al licenciado Rogelio Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, y suscrito por Nancy Viridiana Lázaro Lembrino, especialista en Agricultura Cambio Climático de Greenpeace México.
En el texto que acompañó las 181 mil firmas, la representante de Greenpeace expone que “las granjas en la Península de Yucatán se han convertido en un verdadero riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas. Su rápido y desordenado crecimiento ha traído consecuencias devastadoras como deforestación y pérdida de hábitat de especies presentes en la NOM-059-SEMARNAT-2010, contaminación del manto acuífero y el suelo con aguas residuales, emisiones de gases invernadero que empeoran el cambio climático, así como violaciones de los derechos humanos y constitucionales a un medio ambiente sano, a la salud y a la libre determinación, por mencionar algunos”.
En otra parte del cuerpo del texto principal, Greenpeace México menciona que acude a entregar 181,198 firmas digitales que se recabaron mediante una petición virtual publicada en la página de la organización.
Cerca de 20 personas acompañaron la entrega oficial y posteriormente, aún bajo la lluvia, ofrecieron una conferencia de prensa en una oficina cercana, en la que la abogada Medina Carrillo subrayó que la suspensión de operación de la granja PAPO, filial de Kekén, será determinada pronto. Incluso dijo que es probable que hoy reciban la notificación sobre la fecha de audiencia.
Sin embargo, el proceso lleva casi cuatro años y podría prolongarse un año más, dependiendo de las artimañas que la empresa aplique, como el caso de un dictamen técnico falso atribuido a la Universidad Autónoma de México (UNAM), que luego fue detectado como tal y requerido al juez para que proceda con demanda judicial por tratarse de falsedad de testimonio. El juez no lo hizo.
La suspensión de actividades de la empresa no significa que el caso quede cerrado. Si el juez determina la reapertura el litigio continuará y podría motivar que Homún recurra para defenderse a través de un recurso de revisión dirigido al Tribunal Colegiado
Medina Carrillo pidió que Kekén se deslinde de inmediato de PAPO ante tal evidencia de falsedad, y porque la empresa presume de ser Socialmente Responsable, además, señaló que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) es omisa ante la situación recurrente de violación a los derechos de los habitantes de Homún, pues incluso participó en la convocatoria para un concurso de dibujo infantil, a manera de burla.
De hecho, en el sitio de la conferencia de prensa se instaló un tendedero en el que se exhibieron los dibujos de los niños de Homún en los que expresan claramente su rechazo a la granja y su apoyo firme a vivir en un medio ambiente sano, libre de contaminación del suelo y del aire, y a seguir disfrutando, ellos y sus hijos, de las aguas transparentes de los cenotes.
La abogada exigió al juez Leal Mota que cumpla con su obligación y se ponga del lado de la defensa de los derechos humanos de los niños y niñas por distintas razones, entre ellas, que el suelo cárstico de Yucatán es altamente vulnerable a los desechos orgánicos de las granjas de cerdos, que constituye un potencial agente de contaminación y por el principio precautorio para evitar más daño y contaminación al manto acuífero.
Subrayó que ninguna planta de tratamiento es suficiente para limpiar los desechos de 49 mil cerdos, número que supera desproporcionadamente a los 9 mil habitantes que tiene el municipio de Homún. “Pedimos una solución final a este caso”, dijo.
Por su parte, Viridiana Lázaro Lembrino, de Greenpeace México, recordó que desde el 2020 se analiza la situación de Yucatán, en la que hay registrados oficialmente (cifras oficiales no actualizadas) 222 granjas, de las cuales sólo 22 tienen Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), es decir, el 90% carece de estos estudios, pero que por fuentes admitidas por los propios funcionarios estatales hay 400 granjas, el doble de lo que aparece en algunos documentos.
“El de Yucatán el caso es muy grave porque el número de granjas crece exponencialmente, más que en Sonora y Jalisco, consideradas como importantes entidades productoras de cerdo”, expuso.
Las autoridades están dando permisos a “diestra y siniestra”, aseveró. El 30% de la producción local va a parar a China, el impacto ambiental se queda en Yucatán y tenemos conocimiento -remarcó- que las pequeñas granjas o las familias que tienen cerdo pelón en sus patios tienen la advertencia de no producir, lo que permite que Kekén, con sus tiendas Maxicarne, invadan el mercado.
Por parte de los Guardianes de los Cenotes (Kanan Ts´ono´ot), José May, Doroteo Hau y Maribel Ek Can, advirtieron que si juez falla contra el pueblo éste tomará medidas de resistencia civil. José May subrayó que cerrarán el acceso de la planta, que se ubica a unos cuantos metros de varios de los cenotes de la población, y que impedirán la actividad de la filian de Kekén.
Además, están dispuestos a seguir hasta donde sea necesario para defender la vida de los niños y del hábitat. Maribel Ek expuso que los menores no quieren un pueblo que apeste a cerdo y que además nadie fue a preguntarles si quieren vivir en medio de la contaminación.
“El agua es nuestra principal necesidad ¿Por qué no tienen respeto y no valoran la naturaleza? Los niños no quieren que venga una planta porcícola a dañar y destruir su mundo”, dijo.
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CC