Tortuguismo en las leyes, aliado de Kekén para contaminar el agua en Yucatán

“Sería una burla absoluta para el pueblo de Homún revocar la suspensión”, afirmó Lourdes Medina Carrillo, abogada del grupo Indignación
sábado, 19 de marzo de 2022 · 09:15

El retraso en la justicia es la constante en el conflicto entre los pobladores de Homún y la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) por una granja: desde hace seis meses se anunció que el juez Rogelio Leal Mota emitiría la resolución para saber si la planta debería reabrirse y, hasta ahora, no hay nada claro porque la audiencia se ha retrasado por lo menos tres veces.

La empresa ha presentado varias veces el mismo recurso de revisión sobre lo que ya se ha presentado como prueba y, hasta ahora, lo único que se ha logrado es retrasar la decisión.

De hecho, los abogados defensores de la granja de Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), que produce para Kekén en el municipio de Homún, intentaron sorprender al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, Rogelio Leal Mota, al presentar un supuesto dictamen técnico de expertos de la Universidad Autónoma de México (UNAM) como recurso para retirar la suspensión de la operación de esta planta en ese municipio.

Sin embargo, la ONG Indignación, que asesora legalmente a los niños y adultos de Homún, solicitó a la UNAM verificar la autenticidad del documento y la máxima casa de estudios del país declaró que es un documento falso, que carece de validez legal porque en ningún momento el departamento jurídico validó o emitió algún material semejante.

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Lourdes Medina Carrillo, abogada del grupo Indignación, declaró que se solicitó al juzgador Rogelio Leal Mota, que desestime el documento de la UNAM que presentó PAPO, filial de Kekén, y que proceda a interponer una denuncia ante la Fiscalía del Estado por tratarse de un material falso, lo cual constituye un delito en todo proceso legal.

El Juez contestó que no promovería la denuncia porque no había afectación a los niños de Homún, no obstante -añadió Medina Carrillo- él está obligado por ley a denunciar ante la Fiscalía el hecho de detectar pruebas o material utilizado en el proceso que es totalmente falso.

En los próximos días, probablemente una semana, el Juez tendrá que decidir si retira o no la suspensión actividad de la filial de Kekén, la cual en su momento fue confirmada por la Jueza Cuarto de Distrito, Miriam Cámara Patrón y por el Tribunal Colegiado e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

“Sería una burla absoluta para el pueblo de Homún revocar la suspensión”, afirmó Medina Carrillo.

Dijo que una jueza ya resolvió que en la zona de Homún existe una importante reserva hidrológica de anillos de cenotes, que es extremadamente vulnerable a cualquier emisión de contaminantes de la planta que cría a 49 mil cerdos y que está ampliamente demostrado que hay irresponsabilidad en los permisos para operar de la planta.

En el caso Homún se violaron los derechos de los pueblos indígenas a la consulta antes de la apertura de la planta y las autoridades judiciales están obligadas a aplicar el principio precautorio ante una amenaza de ese tipo contra la salud, daño ecológico y ambiental.

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Medina Carrillo señaló que lo que el juez debe determinar es la suspensión definitiva de actividades de la planta PAPO, filial de Kekén, pues “vemos que es imposible que se atreva a retirar la suspensión ante tanta evidencia”.

Iniciativas, sin credibilidad

El pueblo de Homún y la sociedad yucateca que ha seguido de cerca este litigio ya no le tiene confianza a Kekén por más que intente lanzar iniciativas que procuren la conservación del medio ambiente, el cuidado del agua o lo que pretenda, pues desde el inicio del caso debió de “desligarse” de PAPO y no lo hizo, por eso es cómplice de lo que está sucediendo ahora.

“Kekén ya no tiene credibilidad, hay pruebas y evidencias de la afectación al medio ambiente y a la salud pública de los habitantes de Homún y llega tarde para presentar iniciativas en materia ambiental que debió de hacer mucho antes”.

“¿Por qué no lo hizo antes?”, preguntó.

POR ESTO! también ha dado cuenta de la granja de Sitilpech, comisaría de Izamal, en la que hay evidencias de contaminación al suelo, afectaciones a la salud de la población, dado que la empresa tiene lista una intrincada red de tuberías para deshacerse de los líquidos contaminantes en un terreno aledaño a la planta.

Expertos e investigadores en temas acuíferos manifestaron que el 90% del agua de Yucatán está contaminada por varios factores, entre ellos, la emisión de líquidos de las mega granjas. POR ESTO! dio a conocer que los expertos que participaron en el Foro del Agua y Cambio Climático 2022 señalaron que es inimaginable el grado de contaminación debido a mediciones periódicas a las emisiones de las plantas.

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JG