Supremo Consejo Maya busca 'correr' al PRI de la Casa del Pueblo

El líder del Supremo Consejo Maya de Yucatán, Felipe Neri Espinosa Herrera, reclamó que no hay voluntad política para la resolución del amparo que exige al Gobierno federal el presupuesto de 6 mil millones 300 mil pesos, así como la entrega de la Casa del Pueblo, que actualmente ocupa el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En presencia de sus abogados, Espinosa Herrera dijo que, a pesar de que el pasado seis de noviembre se unieran al Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el Gobierno federal y estatal se han negado en entregar los recursos que como comunidad indígena les corresponderían, que suman 127 millones para las 68 etnias.

“No hay voluntad política de voltear a vernos a los pueblos mayas, esos 127 millones se les entregan al INPI y aquí te reparten rollos de alambre, despensas, semillas, puras limosnas y miserias y ya no estamos para aceptarlas”, aseguró

Respecto al amparo registrado en el expediente 299-2022 y que tendrá una audiencia constitucional el 22 de marzo, a las 10 de la mañana, dijo que fue dirigido contra el Gobierno federal, el Congreso de la Unión, el Senado y el Gobierno estatal, porque no han respondido a sus solicitudes y les han comunicado que sus peticiones no tienen sustento.

Al cuestionarles por el destino que tendría el presupuesto, argumentaron que tienen un plan de organización que contempla la creación de, al menos, 100 cenotes a lo largo de la vía del Tren Maya, contemplando cerca de 50 kilómetros de esta ruta, así como paraderos turísticos, plazuelas para artesanos y el destino de 400 millones de pesos en la purificación del agua de los cenotes.

Incluso, contemplan la instauración de un centro de desarrollo industrial textil entre Mayapán, Tekit, Tecoh y Chumayel, así como la creación de un Centro Internacional Ecuménico, situado en Sotuta, que albergaría diversas iglesias.

“El costo total ya fue presentado a la Cámara de Diputados, al gobernador Mauricio Vila, a la senadora Verónica Camino, a Rosa Moya y en números redondos serían 6 mil millones 306 mil pesos para la construcción de todos estos proyectos”, apuntó el líder supremo.

Con respecto a la Casa del Pueblo, los presentes dijeron que este edificio sería la sede del Supremo Consejo Maya, que se constituyó el 12 de enero del 2020 en una ceremonia de consagración en Acanceh, por lo que consideraron que esta casa ocupada por el tricolor forma parte del patrimonio del Estado, además de que la adjudicación del partido habría sido vendida por el Congreso instruido por Dulce María Sauri.

“No nos importa quién lo ocupe, lo que queremos es que el Poder Ejecutivo, quien tiene la obligación de hacerlo, nos entregue este espacio al pueblo, y que además, quien lo esté ocupando pague 3 mil millones de pesos de indemnización por los daños a la estructura”, manifestó.

El abogado que lleva el caso, Federico Francisco Flores, dijo que se estarían violando diversas leyes contra los derechos fundamentales de los pueblos mayas, y esperan que por la vía legal reciban pronta respuesta de las autoridades federales y estatales.

Con respecto a la lucha que diversos pueblos están llevando contra el despojo por la construcción del Tren Maya, el Jefe Supremo explicó que próximamente estarían conformando a otros líderes en los 106 municipios de Yucatán, en los que llegarían a acuerdos y distribuirían sus planes de trabajo.

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JG