¿Por qué los ciudadanos pagan por el alumbrado público al Ayuntamiento de Mérida?

Aunque en 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia en la que declaró que el Derecho de Alumbrado Público (DAP) es “inconstitucional", los meridanos siguen pagan 5% del consumo total de energía al Ayuntamiento de Mérida, situación que no se ve en la calidad del servicio. 

Mientras que algunas calles de Mérida lucen oscuras, en otras las luminarias se mantienen encendidas hasta por 24 horas, incluso hay una en específico, ubicada en la esquina de la calle 15 con 24 de Chuburná, a unos pasos del fraccionamiento Villas Palma Real, que lleva un año encendida. 

Aunque en el 2008 la SCJN fijó postura, el alcalde de Mérida, César Bojórquez Zapata declaró que si no aplicaban ese derecho el Ayuntamiento “dejaría de captar 30 millones de pesos” y para justificar sus dichos, alegó que sin el dinero habría menos obras en Mérida.

Pero el tema del desacato se “apagó”, tal como sucede con algunas luminarias. Por ahora, nadie tampoco ha “encendido” el asunto de los amparos por el cobro indebido del DAP, mientras que el equipo de telefonistas del Ayuntamiento sigue recibiendo quejas por el mal servicio.

¿De qué trata el acuerdo?

Este acuerdo es conocido como el Derecho de Alumbrado Público (DAP), vigente en el municipio de Mérida. De hecho, el 29 de septiembre del 2021 el Cabildo de Mérida autorizó el DAP para los meses de septiembre-diciembre.

En el inciso “C” de la convocatoria a la sesión vía zoom, se menciona que el Alcalde sometería a la aprobación de los regidores el “Convenio de colaboración con la CFE, suministrador de servicios básicos”, a través del cual se establecen los términos y condiciones a los que se sujetará la recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP).  Y tal como se esperaba, la propuesta fue aprobada.

Muy pocos han tenido acceso a ese acuerdo de colaboración del Ayuntamiento con la CFE. Según se observa en los talonarios de cobro, los usuarios o los ciudadanos pagan, sin que puedan evitarlo, el 5%  del consumo total de energía. La regla es que quien consume más paga más. En algunos lugares del país llega hasta el 10%.

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JG