Tardanza en juicios contra megagranjas de Kekén causa sospecha entre activistas

A pesar de que los habitantes de Sitilpech y Homún, que pelean por sacar de sus municipios las granjas de Kekén, han presentado todas las pruebas de la contaminación, la dilación de los jueces empieza a generar preocupación entre las organizaciones civiles y los ejidatarios, afirmó la integrante del Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán, Teresa Vaugth Charruf.

Y es que ambos juzgadores, Adrián Fernando Novelo Pérez y Rogelio Eduardo Leal Mota, no han estado del todo a favor de los quejosos, pues en un principio les negaron la protección de la justicia.

La activista manifestó que espera que los jueces y magistrados trabajen con apego a la Ley y a favor de la población y en la protección del medio ambiente.

Tienen confianza

“Confiamos en que se iluminen los jueces y magistrados, para que hagan con ética su labor, ya que tienen una responsabilidad y una deuda con las poblaciones mayas”, acotó, durante la manifestación que presidió.

Por el momento, continúa el proceso jurídico interpuesto por los habitantes de Homún, así como de Sitilpech, comisaría de Izamal, por lo que esperan una resolución favorable hacia las familias de ambas poblaciones.

En ambos casos, los jueces habían negado en un principio a los ejidatarios de Homún y Sitilpech un amparo para que las megafábricas dejaran de operar mientras se llevaba a cabo el juicio; sin embargo, el Tribunal Colegiado les ordenó que aceptarán el amparo y continuarán con el juicio.

En el caso de Sitilpech, Kekén solicitó al juez Primero de Distrito, Adrián Fernando Novelo Pérez, que revocara la medida cautelar del Tribunal Colegiado, pero luego de aplazar en dos ocasiones su dictamen; en una decisión preliminar, hace un mes, dictaminó que Kekén no podía operar mientras el juicio estuviera en desarrollo.

En Homún

Mientras que en Homún, el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Eduardo Leal Mota, ha prolongado las pruebas judiciales, a pesar de que los ejidatarios ya entregaron toda la evidencia de los daños que causa la megaplanta.

Teresa Vaugth señaló que el objetivo es disminuir el grave problema de contaminación que prevalece en el frágil manto freático, que afecta la salud de los yucatecos, al mismo tiempo que generan problemas en la biodiversidad.

“El agua es vida, es sagrada, y esas megafábricas asentadas en el anillo de cenotes solo ocasionan problemas, y están instaladas a consecuencia de la corrupción”, subrayó.

Lo peor de todo es que “se trata de un grupo de empresarios que se quieren enriquecer a costa de la salud del pueblo y daño a la biodiversidad, por lo que no vamos a permitir tal arbitrariedad”.

La entrevistada expresó que el Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán ve los intereses del pueblo, por lo que también lucha a favor de su salud, al mismo tiempo que protege la flora y la fauna de la región.

Reconoció que tan solo en Yucatán hay más de 500 fábricas de cerdos autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de las cuales, solo el cuatro por ciento de estas cuentan con su respectivo Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

Es decir, apenas 20 plantas cuentan con sus respectivos permisos y licencias, lo que demuestra la complicidad de las autoridades.

A consecuencia de la alarmante situación que prevalece, pidió la revisión y el cierre gradual de las instalaciones que no cumplan con la legislación.

Resaltó que las mega granjas están distribuidas en todo el Estado, por lo que es realmente grave el problema de contaminación que prevalece. Según Vaught Charruf la información está escondida, ya que las autoridades no quieren que se divulgue su ubicación, así como sus dimensiones y mucho menos el daño que ocasionan.

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JG