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Escrito por Daniel Santiago
Institucionalizar el modelo de Cabildo abierto, establecer y hacer ejercitable el derecho a la ciudad e implementar el modelo de gobierno abierto son algunas de las 6 promesas incumplidas del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha.
Son acciones que el hoy edil se comprometió a realizar en caso de ser electo, recordó Nicolás Andrés Dajer, durante la séptima sesión del Observatorio Ciudadano de cumplimiento Ya Basta!.
Comentó que el primer compromiso, de institucionalizar el modelo de Cabildo abierto, han transcurrido 422 días de administración municipal y 360 días de ley vigente en la constitución local, y no ha bastado en la voluntad política del alcalde Renán Barrera Concha para cumplir e implementar un compromiso suscrito, y ante la observación de que el decreto 431 no fija un plazo para su implementación, indican que el cumplimiento está sujeto a los tiempos y calendario del Alcalde y sus personales proyectos, en este caso político, y no a la gobernanza de Mérida.
El segundo compromiso incumplido fue establecer y hacer ejercitable el derecho a la ciudad, que garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones para habitar, utilizar, ocupar, transformar y disfrutar la ciudad; hacerla un asentamiento urbano justo, inclusivo, seguro, sostenible y democrático. “Sin embargo, no hay muestra de que la Mérida sea próspera, sustentable, incluyente e innovadora, que existe en el imaginario mediático cuando la realidad es el desorden urbano, insalubridad, crisis en movilidad, marcada y predominante desigualdad social y pobreza marginal, calles caducas y vencidas con 70 y 60 años de vida, transporte público y distribución de energía eléctrica arcaicos.
“El tercer compromiso, de implementar el modelo de gobierno abierto, contraído con la ciudadanía por segunda vez, lo suscribió el alcalde en el 2017 como candidato para ser implementado en su administración 2018-2021, su activación, al día de hoy, tras 4 años transcurridos, no ha pasado de boletines oficiales transformados en nota-reportajes, eventos y ceremonias mediáticas cargadas de escenografía, sin tangible resultado o plan de acción alguno que signifique gobernanza, normativa con total visible ausencia de voluntad política en ejercerla”, dijo.
El cuarto compromiso de crear un programa integral abierto e inclusivo de ejercicios de contraloría social, no existe. “Esta instancia se define como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social; sin embargo, hasta el momento, solo son boletines o publicidad lo que manejan, puesto que desde el inicio de la presente administración, en septiembre de 2021, y hasta octubre de este 2022 se han constituido 44 comités de contraloría social, con 378 integrantes y 150 reuniones, por lo que este compromiso suscrito en 2017 y nuevamente en 2021 continúa siendo al día de hoy un compromiso iniciado a modo.
Señaló que el quinto compromiso de adoptar y cumplir en su totalidad el estándar de contrataciones abiertas (edca-mx), no existe, ya que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el 67 por ciento de los casos de corrupción gubernamental municipal está relacionado con la obtención y adjudicación de contratos públicos; fue suscrito por el alcalde en 2017 y nuevamente en 2021, Han transcurrido cuatro años y ofrecido como candidato en dos campañas políticas, pero simplemente ha incumplido.
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AA
