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Un grupo de pobladores del municipio de Ixil acudieron ayer al Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Mérida, para denunciar el despojo de 4 mil 700 hectáreas pertenecientes al ejido de dicho poblado, por parte de un grupo de empresarios encabezados por Alejandro Escoffie Gamboa.
El representante legal de los ejidatarios, Ricardo Lagunes, explicó que los pobladores iniciaron el juicio en 2019, para tratar de revertir un proceso de despojo avanzado que años atrás inició un empresario, en el que se hizo una asamblea ejidal con diversas irregularidades, cuyo objetivo era cambiar el uso y destino de más de 3 mil hectáreas de tierra.
“Ya estaba el acta y toda la documentación que elaboró Alejandro Escoffie mediante la manipulación de la Asamblea, manejándolo todo a conveniencia de los intereses privados que se iban a ver beneficiados de este cambio de uso y destino”, explicó.
Agregó que los empresarios intentaron inscribir el acta de dicha asamblea ante el Registro Agrario
Nacional (RAN), pero hace tres años muy atinadamente el ejido toma la decisión de desistir el trámite y pide toda la documentación, además de haber demandado la nulidad de dichas actas.
“Se cita al comisariado de Ixil a mediados de 2019 y en diciembre comparecen todas las partes y el comisario contesta la demanda y se allana la demanda de los ejidatarios, es decir que compartieron postura el comisariado y los ejidatarios demandantes para que no haya controversia y para que la magistrada (Lilia Isabel Ochoa Muñoz) declare la nulidad”, abundó el abogado.
No obstante, indicó que Escoffie Gamboa y las personas con las que está asociado promueven el juicio 633, con el fin de anular la asamblea que se hizo en Ixil para autorizar el allanamiento del primer proceso legal.
“Ellos quisieron contraatacar para neutralizar esta asamblea que autoriza el allanamiento para que no haya controversia y todo se encauce a la nulidad de esa asamblea de uso y destino de las tierras de uso común de Ixil”, expuso.
Reconoció que en la audiencia del miércoles aún hay unos temas procesales que se tienen que
definir, ya que al parecer hay personas que ya pagaron por las tierras en disputa, a pesar de no existir un título de propiedad, por lo que el juicio podría continuar.
Cecilio Cisneros, exmiembro del Consejo de Vigilancia del Ejido de Ixil, aseguró que lo único que buscan ante el TUA es que las tierras ancestrales de su poblado sean restituidas y no caigan en manos de los empresarios, que buscan construir privadas residenciales cerca del puerto de Uaymitun.
“El ejido reaccionó cuando se dio cuenta que todo eso que nos habían cantado bonito, empleos, proyectos y todo, no era nada. El coyote llegó a depredar, a llevarse todo con alevosía, pero abrimos los ojos y comenzamos el juicio, ahora vamos a ver qué dice la magistrada”, comentó.
De igual forma otro grupo integrado por pobladores de Maxcanú, acudieron al TUA a realizar una denuncia similar contra el comisario ejidal de dicha localidad, Alfredo Canul, en colusión con empresarios que buscan apropiarse de tierras de este poblado, donde se construye una estación del Tren Maya.
“Están apurados vendiendo orbes ejidales que no llegan a las entregas legales, lo hacen por debajo del agua en su forma
particular, usurpando los derechos de los campesinos, a nosotros nos hacen a un lado y hacen lo que quieran”, expresó el profesor Luis Gabriel López Abarca, ejidatario de Maxcanú.
Aseguró que, a través del actual comisario, se han entregado terrenos cercanos a donde se edifica la terminal de dicho proyecto federal al empresario Fausto Carmona, cuyo pago no ha sido dividido entre los 450 afectados.
Por último, adelantaron que, si Argáez Canul no realiza una auditoría y explica las irregularidades que implican terrenos cedidos para la construcción de torres de telefonía y la instalación de gasoductos, solicitarán la revocación de su mandato.
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aarl
