Ratifican a César Antuña como magistrado del Tribunal de los Trabajadores en Yucatán

Tras dos años de batalla legal y de obtener un amparo, ayer César Antuña Aguilar fue ratificado por el Congreso del Estado como magistrado de Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, cargo que tomará por nueve años más y tendrá la posibilidad de pelear para conseguir que se le paguen los salarios caídos por los dos años que duró el juicio y no estuvo en el cargo. En virtud de que el sueldo de magistrado es de alrededor de 116 mil pesos al mes, se le tendrían que pagar poco más de 2.7 millones de pesos.

En periodo extraordinario se puso a consideración el dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública que proponía no ratificar a César Antuña en el cargo. Dicho dictamen había sido aprobado por la mayoría de votos de legisladores del PAN, Nueva Alianza y de las diputadas sin partido que antes fueron de Movimiento Ciudadano.

Los diputados del PRI, Morena y PRD, revirtieron el dictamen que en un inicio proponía la no ratificación, entonces se presentó uno nuevo a favor de la ratificación, bajo la figura de voto particular, firmado por los legisladores Luis Borjas Romero, Karla Franco Blanco, Enrique Castillo Ruz y Alejandro Cuevas Mena. Por mayoría de 13 votos a favor y 10 en contra, finalmente se aprobó que se mantenga en el cargo a César Antuña.

Cabe recordar que en 2019 estos mismos legisladores de Acción Nacional y sus aliados le negaron la ratificación al magistrado que llevaba seis años en el cargo. Sin embargo, éste se amparó y luego de una batalla de dos años obtuvo la protección de la justicia federal y un Tribunal Colegiado ordenó al Congreso local reponer el proceso. La fecha límite era mañana 16 de junio.

Ayer, en la sesión se dio un debate largo de más de tres horas, en el que se impusieron los argumentos jurídicos a favor de ratificar al magistrado en el cargo. El diputado Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, dejó mal paradas en más de una ocasión a las legisladoras Rosa Adriana Díaz Lizama del PAN y a Silvia López Escoffié, que no tiene partido, quienes no lograron convencer a los legisladores de negarle la ratificación al magistrado.

De igual forma, el diputado Alejandro Cuevas Mena del PRD insistió en las consecuencias legales que enfrentarían los diputados y diputadas que se negaran a la ratificación, sin sustentar jurídicamente las causas. Habló de multas, incluso de inhabilitación.

Cervera Hernández señaló que la ratificación no debía estar basada ni en caprichos ni fobias, ni tampoco por cuestiones políticas, sino que había un mandato claro de un Juez Federal, en el que se debería reponer un proceso y fundar debidamente la decisión que se tome, y en el dictamen de no ratificación presentado no se estaba justificando plenamente la decisión.

Recordó que en 2019 se presentó un dictamen en el que se le negó la ratificación al magistrado, aprobado por mayoría, pero que fue contrario a los principios que marca la Constitución y así lo interpretó el juzgador que, finalmente, otorgó el amparo.

Dijo que en aquel entonces no se tomó en cuenta la evaluación que había hecho el Poder Judicial y ahora, nuevamente se envió información, tanto el Superior de Justicia del Estado y como el de los Trabajadores, pero los que se oponían a la ratificación no lo estaban considerando, además de que su negativa estaba sustentada en la información de una página de transparencia que no está actualizada.

“El mandato judicial explica que si se va a negar la ratificación del ciudadano Antuña Aguilar se debe realizar con base a pruebas que aporten los tribunales, pero éstas han sido positivas al ahora magistrado”, dijo.

Destacó que el propio Tribunal Superior de Justicia, que es el máximo intérprete de la Constitución, pidió que el magistrado fuera ratificado y con base en una evaluación positiva. Además, dijo que el dictamen inicial de no ratificación no tenía pies ni cabeza, no tenía sustento y mezclaba toda suerte de información y términos que no aplicaban.

“No porque agarremos un poco de frijol con puerco, un poco de salpimentado y de puchero y lo metamos a la misma olla va a salir mondongo sólo porque se nos pega la gana”, señaló el legislador en tono irónico.

Además, reiteró que habría consecuencias judiciales para quienes contravinieran la orden de un Juez Federal, por contravenir un mandato judicial. En el mismo sentido, el diputado Alejandro Cuevas, advirtió que, de mantenerse la postura de no ratificar, sin argumentos, haría que los diputados y diputadas que incurrieran en la negativa, podría enfrentar multas, incluso destitución del cargo.

“Quieren juzgar en base a la información de una plataforma que no está actualizada y no hay elementos, no están aportando elementos para que se sustente la no ratificación, porque con todos los argumentos que nos han dado sí es procedente que continúe en el cargo”, comentó.

“Van a venir por ustedes y la justicia no les va dar la razón, se la dará a quien la tiene”, expuso.

Silvia López Escoffié insistió en que los argumentos para el dictamen de no ratificación, son que los datos que aporta el informe del TSJY no representa información suficiente ni clara, pero según sus datos obtenidos en la página de transparencia, sostuvo que César Antuña no era competente para el cargo.

Rosa Adriana Díaz Lizama, acusó al Magistrado de querer permanecer nueve años más para completar un periodo total de 15 años, para obtener un sueldo vitalicio.

Ocho diputados del PRI, el diputado Enrique Castillo Ruz que no tiene partido, además de los cuatro legisladores de Morena y el abanderado del PRD, votaron en contra del primer dictamen de no ratificación y posteriormente a favor en el segundo dictamen.

En contra de la ratificación votaron seis diputados de PAN, dos si partido y el legislador de Nueva Alianza. Llamó la atención de la diputada del PRI, Mirthea Arjona Martín votó con este bloque y sentido contrario a sus compañeros de bancada.

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GH