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Escrito por Víctor Lara Martínez
Un grupo de productores pertenecientes a la Unión de Ejidos de Citricultores de Yucatán solicitó aclarar la situación jurídica y patrimonial en que se encuentra la juguera de Akil, ya que afirman, se desconoce a quién pertenece.
El citricultor y presidente del Consejo Citrícola Yucateco, Lorenzo Alvarado y Sosa, pidió al Gobierno del Estado audiencia para conocer cuál es la situación de esa entidad productiva, debido a que se dice que la planta fue vendida a un empresario en 2016.
Recordó que desde 2018 a la directiva no se les ha informado, de manera oficial y con documentación si la juguera ya no pertenece a los citricultores de los 12 ejidos que conforman la Unión, que se constituyó legalmente en 1978.
Acompañado de Diego Cetina Euán y Antonio Abnal López de Yotolín, Porfirio Ávila Jiménez y Romualdo Us Cax de Oxcutzcab y Víctor Be Chablé de Pustunich, Yucatán, el líder de los citricultores indicó que, “lo único que se sabe, es que todas esas operaciones se han realizado a espaldas de los productores, quienes conformaron el Comité de Lucha y Rescate de la industria productora de jugos cítricos, luego de que se registrara un desfalco durante la administración de Miguel Canul López e Ignacio Marave, quienes se fueron sin pagar a los productores lo que se les debía, como a proveedores”.
Señaló que en ese entonces los citricultores Luis Cetina García, Fausto Canul Magaña y Fredy Domínguez Aké, pidieron que se lleve a cabo una auditoría a Canul López, a quién señalaron como responsable de la quiebra de la empresa.
Sin embargo, dijo, el Gobierno del Estado de ese entonces tomó el asunto en sus manos y “reunió a los líderes que estaban protestando y de manera arbitraria pidió la renuncia de los directivos y nombró a los denunciantes, con tal de que no movieran ni pidieran cuentas de lo que estaba pasando”.
Reiteró que nunca se les ha aclarado la situación legal de la juguera y que se han tomado acuerdos a sus espaldas, lo que los tiene inconformes.
Lo que todavía no ha quedado claro, insistió Alvarado Sosa, es que nadie sabe a ciencia cierta quién es el legítimo propietario de la juguera, ya que, “los directivos dicen que ésta ya no está en manos de los campesinos y que ya fue vendida, otros que es del Gobierno del Estado”.
“Por eso pedimos alPoder Ejecutivo del Estado que convoque a una reunión con los representantes de los campesinos para aclarar la situación”, dijo el líder citrícola.
Lorenzo Alvarado y Sosa también mencionó que una parte de la maquinaria de la Juguera está embargada por una sentencia de un juicio mercantil que promovió él mismo, por una deuda de cuatro millones de pesos, de acuerdo a un expediente de 2016.
Por otra parte, los campesinos recordaron que la Juguera se creó para regular el precio que les pagaban los productos, “objetivo que jamás se cumplió”, por el contrario, les bajaron el precio de sus cultivos y eso propició que muchos dejaron de entregar sus cosechas, además de que los pagos se hacían hasta con tres meses de atraso, por lo que prefirieron sembrar otras frutas”, dijo.
JG
