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Mañana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá si se mantiene firme o no la suspensión dictada a la fábrica porcícola de Homún, de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo), aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén), informaron, a través de un comunicado conjunto, el Equipo de Derechos Humanos “Indignación” y la agrupación Ka’anan Ts’onot (Guardianes de los Cenotes),
Ante esto, ambas agrupaciones exhortaron a la SCJN para que considere en su decisión, el informe (Amicus Curiae) que ha sido suscrito y enviado a la Corte por organizaciones como Earthjustice, Centro para la diversidad biológica, Coastal Carolina Riverwatch, Greenpeace México, Waterkeeper Alliance, así como por otros diversos expertos en el tema
Como se recordará, las operaciones de dicha granja están paralizadas desde el 9 de octubre de 2018 debido a la suspensión otorgada por la Juez Miriam de Jesús Cámara Patrón, a partir del amparo promovido por seis niñas y niños de Homún, pueblo maya de Yucatán ubicado en la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes.
“El interés superior de la niñez: la SCJN deberá garantizar el derecho de la infancia a crecer en un medioambiente sano, que se relaciona directamente con el derecho al agua, a la salud y a una vida digna”, indican.
Por lo que señalaron, confían en que la decisión de la primera sala de la SCJN tomará en cuenta la voz del pueblo maya de Homún, principal afectado por la fábrica de cerdos propiedad de Papo. La decisión de la Corte impactará también a otras comunidades mayas que, siguiendo el ejemplo de Homún, también están luchando contra el establecimiento de este tipo de fábricas de la industria porcícola”, señala el texto.
Informaron que el municipio de Homún lucha contra el establecimiento de la fábrica de cerdos de Papo desde finales de 2016, cuando esa empresa obtuvo permisos de manera irregular y sin consultar al pueblo.
“La fábrica amenaza con contaminar el agua de esta reconocida fuente natural, que es zona de recarga acuífera, enrarecer el aire y afectar la salud de niñas y niños, así como la de todos los pobladores de Homún, a quienes se les violó su derecho a la libre autodeterminación, incluyendo el derecho a una consulta previa, libre e informada, además de que representa una amenaza a su modo de vida y a la fuente de sus ingresos: el ecoturismo de cenotes”, señala el documento.
Señala que, entre las violaciones a los derechos humanos que ha generado la granja porcina, se encuentran principalmente, el derecho a la salud, al agua, a un medio ambiente sano y al consentimiento libre, previo e informado y culturalmente adecuado.
En este tenor, mencionan que, al pronunciarse sobre este caso, la SCJN “tendrá la oportunidad de sentar precedentes sobre las suspensiones durante el juicio de amparo, sobre el principio precautorio en materia ambiental y acerca del interés superior de la niñez”.
Asimismo, señalan que el principio precautorio sostiene que, “cuando pueda preverse graves afectaciones ambientales, no deberá exigirse la demostración de que la afectación ha tenido ya lugar, pues muchas veces el daño ambiental es lento e invisible, pero cuando se consuma, es ya irreparable”.
“Aun cuando se carezca de certeza total y se esté ante un panorama de incertidumbre, las autoridades deberán adoptar medidas que impidan el daño ambiental a tiempo y dar así oportunidad a que puedan realizarse todas las pruebas necesarias”, se indica.
JG
