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El pleno del Congreso estatal aprobó ayer la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán con la que, entre otros temas, se crea un Sistema de Protección Integral para estos, se promueve la cultura de la adopción y se incluye la regulación de los Centros de Asistencia Social.
La diputada María Moisés Escalante (PRI), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que el nuevo ordenamiento impacta 11 leyes, como la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, la Ley para la Protección de la Familia, el Código de Familia, entre otras.
Destacó como uno de los principales aspectos de la norma, la creación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, brindando facultades más amplias a las autoridades cuya competencia sea el cuidado o protección de niñas, niños y adolescentes, permitiéndoles actuar de forma inmediata y oportuna, cuando detecten o se haga de su conocimiento que alguna niña, niño o adolescente es vulnerado en sus derechos.
Contempla la transformación de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), a Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, enfocándose a la atención de ese sector y las atribuciones que ejerce la dependencia pasarán al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Yucatán.
Dijo que se incluye la regulación de los centros de asistencia social y se incluye la figura de “familia de acogida”, encargada de brindar cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo tutela de la procuraduría de protección. En este tenor, se contempla la promoción de la cultura de la adopción.
Se incluyó la obligación de las dependencias para instaurar mecanismos que faciliten la identificación, denuncia y atención de posibles casos de violación de derechos de niñas, niños y adolescentes; así como la atribución de recibir quejas y denuncias y canalizarlas de forma inmediata a la procuraduría de protección.
En la jornada, la Comisión de Igualdad de Género aprobó un paquete de iniciativas que reforma la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, entre otros puntos, se estableció que Yucatán contará con un registro público de delitos cometidos en contra de las mujeres, con la finalidad de recabar información de niñas, adolescentes y mujeres que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia en razón de género.
En esta línea, se modifica también el Código Penal tipificando el delito de “violencia institucional” contra las mujeres en razón de género.
Cometerá el delito de violencia institucional contra las mujeres en razón de género, la persona servidora pública que durante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión realice cualquier acto u omisión que: discrimine públicamente la imagen de la mujer, asociándola a roles estigmatizados que impidan su empoderamiento o su acceso a la equidad de género o a una vida libre de violencia, que tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, o su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
También se incluyó el delito de violencia obstétrica en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación a “toda acción u omisión por parte del personal médico o administrativo perteneciente a los servicios de salud públicos y privados del Sistema Estatal de Salud, que violente, o que dañe física o psicológicamente, lastime, discrimine o denigre a la mujer durante el embarazo, parto o puerperio; así como la negligencia médica, negación del servicio y la vulneración o limitación de los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
Tras la aprobación en el Congreso del Estado de la nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, impulsada el Gobernador Mauricio Vila Dosal, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán se declara listo para implementar los cambios sustantivos que conlleva esta nueva legislación, garantizando el pleno respeto al principio del interés superior de la niñez.
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JG
