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Un grupo de ejidatarios del municipio de Baca, se manifestó frente al Tribunal Unitario Agrario (TUA) Distrito 34, en Mérida, solicitando la destitución de la magistrada Liliana Ochoa Muñoz y de la secretaria de Acuerdos, Betsabé Rojas Coronel, por las sentencias “incongruentes, contradictorias e infundadas” que reconocen a mil 850 ejidatarios.
Ricardo Jesús Novela Méndez, asesor legal de los secretarios del municipio de Baca, comentó que el motivo de la manifestación fue para quejarse en contra de la magistrada, quien ya cuenta con dos denuncias, una ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la otra ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por entorpecer las sentencias que desde hace dos años se encuentran en el tribunal y que están afectando directamente el patrimonio de los ejidatarios.
Entrevistado afuera de las instalaciones del TUA, el representante legal argumentó que, a partir del nombramiento de la funcionaria, ha estado cometiendo actos contrarios a derecho, violentando la ley de proceso, alargando los procedimientos de manera innecesaria, consiguiendo así, un desgaste emocional y económico en los ejidatarios para hacerlos ir constantemente a las instancias del tribunal, sin resultados positivos a su petición.
“Muchos de los ejidatarios se encuentran con la problemática de que, por malos funcionarios de la Procuraduría Agraria, como son visitadores agrarios con una mala asesoría, pierden sus derechos y sus tierras en donde se encuentran sus ejidos”, manifestó.
Por lo anterior, fue que decidieron denunciar los atropellos y la conducta que califican como “déspota” y “prepotente” de la magistrada Ochoa Muñoz.
“En las audiencias detectamos constantemente que se viola la ley de proceso. No se asienta lo que realmente sucede en las audiencias, porque son redactadas a modo de la magistrada”, acusó el representante.
Lamentó que en el Estado no haya ninguna vigilancia o alguna autoridad que pueda supervisar el trabajo de la magistrada, porque como ella ha dicho, “aquí, soy la máxima autoridad”.
En el caso del municipio de Baca, señaló que se está impugnando la asamblea que fue violentada en el proceso, de manera irregular, en la que se tomaron acuerdos que afectan al ejido y que los mismos secretarios desconocen el avecindamiento de mil 850 ejidatarios.
Por otro lado, se aprobaron planes preliminares, motivo por el cual impugnaron esa sentencia mediante un amparo.
“Hemos recibido un trato indebido, inadecuado por parte de la magistrada que se conduce con mucho autoritarismo en las audiencias. A pesar de que uno trata de hacer ver ciertos errores, la magistrada nos calla y entorpece la adecuada defensa de los secretarios”, atribuyó.
El asesor legal precisó que desde hace dos años se lleva a cabo este proceso, pero en los últimos días es cuando ha habido mayor deterioro en la aplicación de la justicia por parte del TUA.
“Esperemos que esto llegue a oídos del Tribunal Superior Agrario, al Consejo de la Judicatura y que pongan más vigilancia en las actuaciones de la magistrada, porque definitivamente este tribunal está hecho un desastre”, finalizó.
JG