Ignoran a CNDH, reos en Yucatán siguen sin ser vacunados contra COVID-19
A pesar del exhorto de la CNDH, en la entidad no se ha inoculado a la población de los Ceresos
Desde el pasado 18 de febrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las autoridades penitenciarias y de salud del país, garantizar el acceso a la vacuna contra el COVID-19 a las personas privadas de la libertad. Hasta ahora, en Yucatán no se ha vacunado a nadie de este sector y sólo en 13 entidades de las 32 de la nación se ha avanzado en este tema. En total, en México se ha inoculado a 972 personas en los Centros de Reinserción Social (Ceresos).
Yucatán ocupa el lugar número 14 en cuanto a las entidades con mayor cantidad de contagios en penales de todo el país. De acuerdo con el último informe del Monitoreo Nacional por COVID-19 de la CNDH, publicado el pasado 31 de marzo, en los centros de detención del estado suman 50 casos positivos y cinco defunciones.
A mediados del mes de febrero, la Comisión emitió el comunicado DGC/044/2021, por medio del cual publicó el exhorto al sistema penitenciario para que, junto con las Secretarías de Salud federal y estatales, “garanticen el acceso al Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-Cov-2 a las personas privadas de la libertad, particularmente a las mayores de edad y a quienes pertenecen a grupos de atención prioritaria”.
“La CNDH hace un llamado a dichas autoridades para que garanticen el derecho de las personas internas en centros penitenciarios federales, estatales y militares, a acceder oportuna y eficazmente a servicios médicos y esquemas de vacunación a los que tienen derecho en igualdad de condiciones que la población en libertad, conforme a los principios de dignidad, trato humano e igualdad; en caso contrario, el Estado Mexicano sería responsable de violaciones a los derechos humanos por omisión”, señaló la dependencia.
En el caso expreso del estado de Yucatán, hasta la fecha no se ha vacunado a ninguna persona en los penales de la entidad. Ayer se solicitó información sobre este particular a la Secretaría General de Gobierno, por medio de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado, para saber cuándo empezará o si hay algún plan de vacunación para los internos de los penales. No hubo respuesta.
En el informe de la CNDH, basado en datos recibidos de las diferentes entidades, sobre la vacunación en personas mayores en reclusión, publicado el pasado 31 de marzo pasado, señala que sólo 13 entidades han vacunado a personas de este segmento de la población.
En total, en el país se han aplicado 972 vacunas a internos en penales, pero se calcula que hay 6 mil 556 personas mayores privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios en las 32 entidades. El estado que más vacunas ha aplicado es Puebla, con 231. Le sigue Michoacán con 165; Hidalgo, 115; Durango, 100; Guerrero, 93; Veracruz, 70; Tamaulipas, 66; Chiapas, 44; Zacatecas, 36; Baja California Sur, 21; Guanajuato, 20; San Luis Potosí, seis; y Quintana Roo, cinco personas.
Para la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), la vacunación de la población penitenciaria es una responsabilidad social y sanitaria urgente, pues con la pandemia se elevaron las horas de hacinamiento en las celdas de por sí sobrepobladas. Además de que “se les quitó el trabajo, el deporte, la salud, el acceso a visitas familiares, visitas íntimas, y el simple hecho de salir a tomar el sol”, advierte en su sexto balance publicado el pasado mes de marzo.
La CNDH informa al respecto que durante las visitas de supervisión penitenciaria ha constatado que, en algunos centros penitenciarios del país, las personas privadas de la libertad desconocen en qué consiste la Política Nacional de Vacunación contra el coronavirus y cómo pueden ejercer su derecho a recibir dicho medicamento.
“Lo anterior es motivo de preocupación, dado que recientemente nuestro país inició la vacunación de personas mayores de 60 años en toda la República, previo registro en línea; lo que coloca a aproximadamente 6 mil 556 personas mayores privadas de la libertad (quienes además pueden pertenecer a uno o más grupos de atención prioritaria) en condición de vulnerabilidad respecto al conjunto de la población”, indicaron.
SY
