'Mafia agraria' despoja a ejidatarios de terrenos en la Península de Yucatán

La operación de una “mafia agraria”, integrada por funcionarios de las dependencias federales del ramo, gobiernos estales y empresarios, ha permitido que en los últimos 30 años más de 500 mil hectáreas de terrenos ejidales de la Península de Yucatán hayan pasado de manera irregular a manos de particulares para ser usadas en desarrollos urbanos, turísticos, energéticos y de otra índole. La presión para privatizar el territorio continúa y, aún más, se ha agudizado con el proyecto del Tren Maya que trae consigo una mayor especulación de tierras, señaló la investigadora Gabriela Torres-Mazuera.

La Dra. Torres-Mazuera es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), sede Peninsular, y coautora con Sergio Madrid y Raúl Benet, del informe “Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán”, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

En este trabajo se expone que desde las modificaciones a la Ley Agraria en 1992 y hasta mayo de 2019, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, un total de 22 mil 660 parcelas, con una superficie de 192 mil 600 hectáreas de tierra ejidal, dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada. Aunado a ese proceso, 355 mil 304 hectáreas de tierras de uso común ejidal fueron parceladas en la región y apropiadas por diversos actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial. A la par, otra superficie considerable ha pasado a manos privadas: la de los terrenos baldíos y terrenos nacionales, pero en este caso es difícil la cuantificación por la falta de documentación oficial.

En entrevista sobre la investigación, dijo que se trata de un tema que se ha mencionado en múltiples ocasiones, particularmente en el periódico POR ESTO!, en el que se ha señalado continuamente la venta ilegal de tierras en los ejidos. Dijo que a menudo se ha tratado el problema como casos independientes, de un ejido u otro.

“Lo que empezamos a hacer es un análisis más en conjunto que ha afectado a más de 300 ejidos de la región y que han tenido un efecto acumulado. Hasta los años 2010 las ventas no habían generado tantos conflictos, pero a partir de este año se ha dado un aumento de ventas que tienen un carácter ilegal y que ha generado mayores conflictos. En algunos ejidos que ya llevaban tiempo vendiendo, hoy han comercializado entre el 50 y 80 por ciento de su tierra ejidal, y se quedan sin tierras y territorio”, explicó. Sin embargo, en el propio trabajo han expuesto que la presión para privatizar los territorios en la Península de Yucatán va en aumento, porque múltiples proyectos de escala y tipo variable se ciernen sobre la región; caso particular el del Tren Maya, promovido por el actual Gobierno federal.

“El Tren Maya, además viene con otros conjuntos de proyectos inmobiliarios, con esta proyección de la Península como un lugar de inversión. Pero el que tiene más visibilización es el Tren Maya que genera mayor especulación de tierras, porque ya hay interés de inversionistas en estos puntos que se visualizan como lugares de desarrollo que ya han llegado para comprar tierras”, expuso.

Puso como ejemplo la zona de Calakmul, en el ejido de Conhuas, donde existe un gran interés de inversionistas para comprar las tierras; o el ejido de Bacalar, que, si ya tenía una historia de este fenómeno, ahora existe mayor presión sobre estos terrenos.

“También en la zona cercana a Chichén Itzá; muchos de estos ejidos que además tienen cenotes están siendo presa de mayores privatizaciones por este enfoque vinculado con el Tren Maya, pero que viene desde la zona de la Riviera Maya”, expuso.

La investigadora del CIESAS, dijo que este proceso se ha ido acentuando también por el interés de la urbanización manifestada en todos los ejidos cercanos a la mancha urbana de Mérida. “Sabemos que sigue habiendo un proceso de compra y venta de tierras y eso no se ha parado ni con el gobierno de la 4T”, dijo.

Parte de lo que se analiza en el texto, es la operación de una “mafia agraria” integrada por funcionarios de la Procuraduría Agraria, los gobiernos estales y empresarios, que lograron un inusual aumento de cambios de destino de tierra y procesos de parcelamiento a través de asambleas ejidales que fueron rápidamente inscritas en el registro Agrario Nacional, gracias a lo cual, ejidos de enorme valor comercial se privatizaron: Isla Holbox, Península Holbox, Tulum, Playa del Carmen, son algunos claros ejemplos.

“La de ‘mafia agraria’ es una noción que utilizan mucho los periodistas, yo la he visto mucho en el POR ESTO! Pero también ha sido de uso académico, y en particular Gustavo Marín da una definición en el libro ‘Sin tierras no hay paraíso’ que menciona que la ‘mafia agraria’ es una red de personas e instituciones que sirven para permitir estos cambios de destino que facilitan la venta de tierras de uso común ejidal”.

“Básicamente, el punto de partida es que la Ley Agraria sí permite la venta de tierras ejidales, pero también pone candados; en particular para las tierras que son de uso común que son las que han sido privatizadas con mucha fuerza del 2010”, expuso.

La Dra. Torres-Mazuera comentó que la forma de quitar esos “candados” se logra, primero, con mucha información legal y técnica que sólo tienen, en algunos casos, funcionarios o ex funcionarios agrarios que asesoran a los empresarios. A esto se suma el conocimiento de los ejidos que tienen mayor plusvalía y, sobre todo, de los ejidatarios y comisarios ejidales con quienes se negocia antes de plantearlo a los demás.

Dijo que hay distintos procesos que se requieren para lograr estas ventas y se necesita la articulación entre personas e instituciones. A esto es lo que se llama “mafia agraria”, que todos esto años ha operado para logra privatizar las tierras de uso común ejidales.

En 1992 fue reformado el artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el cual rige los bienes y recursos de la nación, incluyendo la tierra, el subsuelo y las aguas. La reforma tuvo varios objetivos, entre los que destacan dos: finalizar el reparto de tierras vía la reforma agraria y abrir al mercado a aquellas dotadas o restituidas como ejidos y comunidades respectivamente, que hasta ese momento tenían el carácter de inalienables

Posteriormente, para implementar los cambios legales, en 1993 se lanzó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede). Éste fijaba los límites de los ejidos que lo aceptaron y otorgaba títulos individuales de derechos, ya fuera de uso común y/o de parcelas en aquellos ejidos que hubieran aceptado parcelar. En la Península de Yucatán el programa Procede se instauró en mil 248 ejidos (264 en Campeche, 708 en Yucatán y 276 en Quintana Roo).

Procede abrió al mercado las tierras de los ejidos que aceptaron parcelarlas, incluidas aquellas que tenían cubierta forestal. Esto debilitó la gobernanza comunitaria y facilitó la venta de los llamados “terrenos nacionales”.

La investigadora Gabriela Torres-Mazuera expuso que, las ventas que más o menos son legales son las de Procede, donde las tierras podían ser enajenadas a otros ejidatarios o avecindados.

Pero advierte que en este tema hay una discusión sobre el cambio de destino de las tierras de uso común porque, de acuerdo con la Ley Agraria, son inalienables, “pero la ‘mafia agraria’ encontró la manera de hacerlas alienables y el cambio que encontraron fue parcelarlas. La asamblea en los ejidos tiene la facultad de parcelar estas tierras para convertirlas en parcelas o en asentamientos humanos o solares”.

Sin embargo, reiteró que, desde la postura de algunos abogados, este enfoque es incorrecto, porque si la Ley establece que la tierra es inalienable no se puede vender.

“Muchas de las ventas que se hicieron (más de 350 mil hectáreas) se dieron con cambios de destino de uso común, con un uso manipulado de la Ley Agraria. La normativa establece que la enajenación se hace a un ejidatario o avecindado, que debe ser alguien que lleve viviendo un año y para serlo. Lo que se ha observado son empresarios que son ejidatarios en más de un ejido, lo que deja sin sentido el ser avecindado y se hace un uso inadecuado de esa figura y que se cumple sólo con un requisito que te da el municipio con una constancia. Es un absurdo que haya una persona como ejidatario es varios ejidos”, explicó.

Además, comentó que la tierra de uso común tiene cubierta forestal y de acuerdo a la Ley, es ilegal el parcelamiento de las tierras con esta cubierta. Para darle la vuelta a esta restricción, lo que se ha hecho es crear asentamientos humanos en donde no hay esa limitación al menos.

“Lo que hacen es crear solares urbanos, que, de principio, se supone que son para regularizar el crecimiento natural de los núcleos urbanos de los ejidos. Lo que sabemos es que, por ejemplo, en Muxupip, crearon un asentamiento humano distante del núcleo de población de unas 3 mil hectáreas; pero para crear un proyecto inmobiliario que es un negocio, no es un crecimiento del pueblo y así se ha hecho en muchos otros”, dijo.

Otras de las irregularidades que se han utilizado, son los contratos de usufructo por hasta 60 años para proyectos privados de generación de energía, firmados sin asesoría legal para los ejidos. Sin las formalidades especiales establecidas por ley, y de manera desventajosa e incluso sin consulta de por medio, en estos contratos las empresas eólicas y solares recurren a intermediarios, que son quienes hacen los tratados y elaboran las manifestaciones de impacto ambiental.

También, la creación de Sociedades de Producción Rural con las que los grandes productores de cerdos y aves acceden a las tierras ejidales, y la expropiación de tierras, mecanismo utilizado por los gobiernos para impulsar el desarrollo de megaproyectos.

Expuso que el panorama no es nada alentador, porque estas ventas irregulares se siguen dando en los mismos ejidos, por la poca conciencia de su patrimonio y las demás circunstancias expuestas.

“Vemos hoy los conflictos que suceden al interior de los mismos ejidos que se sienten despojados; la mayor presión sobre la tierra va desembocar en más problemas que ya vemos. Por otro lado, los confrontamientos sociales se ven agravados con estos eventos ambientales como el calentamiento global, las inundaciones y amenazas de huracán que, en regiones como Hopelchén (donde se ha deforestado o vendido), afectó mucho a las comunidades porque el tema está ligado a los servicios ambientales que prestan las selvas de estas tierras de uso común ejidal para el conjunto de los habitantes de la región”, señaló.

SY