Corrupción en Yucatán: INEGI señala aumento de 'moches' en trámites estatales

Entre 2017 y 2019 aumentó un punto el porcentaje de personas que fueron víctimas de corrupción al realizar algún trámite en Yucatán; pasó de 12.3 a 13.3 por ciento, según lo revela el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicado a propósito del Día Internacional Contra la Corrupción, que se conmemora este jueves.

No obstante, la entidad está en el penúltimo sitio nacional, sólo encima de Veracruz, en aumento de los intentos de corrupción, una práctica por la que se pagaron, en todo México, más de 12 mil millones de pesos en 2019.

También se detalla que entre 2017 y 2019 la media nacional creció de 14.6 a 15.7 puntos, y se destaca que Durango, Quintana Roo, Guanajuato y Puebla fueron las Entidades donde se observaron los mayores aumentos en el porcentaje de personas víctimas de corrupción, por lo contrario, Querétaro, Chihuahua y Tabasco presentaron los niveles mayor disminución sobre este problema.

De los 32 estados de la República, sólo en 16 se reportó que subieron los porcentajes de este problema. Yucatán se encuentra en la penúltima posición, con 13.3 puntos, mientras que Veracruz tiene la última con 13.2.

El INEGI también señala que las experiencias de corrupción de las personas y las empresas fueron más frecuentes cuando se tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública o de justicia. Esto se derivó luego de denunciar la ocurrencia de un delito, faltas a la moral o administrativas, por infracciones o detenciones por riñas.

 El estudio reveló que 59 de cada 100 personas adultas que tuvieron contacto con estos servidores públicos en 2019, fueron víctimas de la corrupción mientras que, en las empresas, la victimización fue de 35 de cada 100 unidades económicas en 2020.

“En cuanto a los costos, en 2019 la población en México pagó por causa de la corrupción 12 mil 769.7 millones de pesos, 64.1 por ciento más que en 2017. En términos per cápita, cada persona víctima de corrupción erogó 3 mil 822 pesos en promedio (mil 372 pesos más por persona afectada respecto a lo estimado en 2017). Por el contrario, entre 2016 y 2020 se observó una disminución de casi 50 por ciento en el monto promedio que las empresas erogaron por actos de corrupción”, se detalla.

El combate a la corrupción

Para contrarrestar el problema, INEGI señala que hay instrumentos disponibles en el país para prevenir la corrupción, entre estos se crearon los Órganos Internos de Control (OIC), que deben establecerse en las instituciones públicas del orden federal, estatal y municipal con el fin de prevenir, corregir e investigar actos que pudieran derivar en responsabilidades administrativas, así como dar seguimiento al ingreso, egreso, manejo y aplicación de los recursos públicos.

“Para cumplir con sus funciones, en 2019 los OIC de las instituciones federales y estatales contaron con 10 mil 819 servidores públicos: 49.7 por ciento del ámbito federal y 50.3 por ciento del estatal”, se detalla en el informe.

Entre las administraciones públicas estatales destacan Nuevo León, Michoacán, Chihuahua, Ciudad de México y Tlaxcala por tener menos de una persona adscrita al OIC por cada mil servidoras y servidores públicos. Yucatán cuenta con solo 1.5 y ocupa el lugar número 21 de las 32 entidades registradas. El primer lugar lo tiene Chiapas con 6.1 y el índice más bajo es de Tlaxcala con 0.3.

“Una de las facultades de los OIC es la de conocer y dar seguimiento a las faltas y sanciones de orden administrativo y, en su caso, denunciar ante las autoridades ministeriales los actos de las y los servidores públicos que pudieran constituir delitos, por lo que es la primera instancia a la que la ciudadanía puede recurrir para denunciar irregularidades en el ejercicio de la función pública”, señala el estudio del INEGI.

El organismo nacional también hace referencia a que, en 2003, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 9 de diciembre como el Día Internacional Contra la Corrupción con el propósito de crear conciencia sobre los efectos negativos que tiene para el desarrollo de los países, al tiempo que atenta contra el Estado de Derecho debilitando los pilares que dan estabilidad y seguridad a las sociedades.

El INEGI también señala que la información que brinda tiene el objetivo de contribuir al diseño de intervenciones públicas que pongan fin a esta fuente de debilitamiento institucional y de desigualdad que beneficia a unos en perjuicio de otros, por ello la institución “genera información para medir y caracterizar la victimización por actos de corrupción cometidos por servidores públicos a personas y empresas, a quienes se les pide dinero, regalos, favores, o cualquier otro beneficio para agilizar algún trámite o servicio. También ofrece información para conocer la percepción que tiene la población sobre la presencia de corrupción en los trámites y servicios que ofrece el gobierno; así como de los mecanismos con los que cuentan las instituciones gubernamentales para controlar y combatir este problema público”.

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JG