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“Las condiciones de las cárceles públicas de nuestra entidad, desafortunadamente, están en muy malas condiciones y se recrudecen", expresó el titular de la Codhey

Deficientes instalaciones, falta de servicio médico y fallas en el proceso de detenciones fueron algunos de los problemas que se pudieron detectar en la supervisión que se realizó a 30 cárceles de diferentes municipios de Yucatán, incluyendo Mérida, así lo expresó Miguel Óscar Sabido Santana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).

Añadió que esta supervisión se hizo junto con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y están por terminar el informe; sin embargo, adelantó que las condiciones de las cárceles de la Entidad son muy malas, y que es un problema que se recrudece en cada cambio de administración municipal.

“Las condiciones de las cárceles públicas de nuestra entidad, desafortunadamente, están en muy malas condiciones y se recrudecen cuando hay cambio de autoridad municipal y este año no fue la excepción, de hecho, cuando hicimos la supervisión con la CNDH fue en septiembre-octubre, y las condiciones fueron muy malas”, expresó.

Reiteró que para la Codhey el tema de las cárceles es importante y desde el 2014 hay una recomendación general y cada que hay cambio de administración municipal es la misma problemática, expuso que cada año se hace la revisión conjunta con la CNDH y los municipios son elegidos al azar.

“Cada año se hace una supervisión con el Mecanismo de Tortura, porque la tortura es un acto que además que puede constituir violación a derechos humanos puede ser un delito”, dijo.

Las deficiencias encontradas van desde las de infraestructura hasta temas de actuación de los servidores públicos, “muchas de las cárceles no tienen servicios sanitarios, carecen de ventilación suficiente, celdas suficientes; tuvimos el caso de un municipio que tiene cinco celdas y tres están habilitadas como bodegas; entonces, cuando hay sobrecupo de detenidos, –hombres, mujeres, personas de la diversidad sexual–, se necesita una separación, también por el COVID-19, pues no hay espacio para ello”, expuso.

Agregó que muchas veces no hay médicos que valoren a los detenidos, además de que tampoco hay un Bando de Policía y Buen Gobierno que regule la actuación de los elementos policiacos, asimismo no hay elementos de vigilancia suficientes, no proveen de alimentos a los detenidos, ni les permiten llamadas telefónicas.

El ombudsman recordó que la Codhey realiza una supervisión cada año a las cárceles públicas de toda la Entidad de los 106 municipios, también a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los Centros de Salud, hospitales públicos, al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede), al Centro Especializado en la Aplicación de Medidas al Adolescente (Ceama) y los cuatro Centros de Reinserción Social (Ceresos), y esta revisión está por concluir.

Además, en conjunto con el Mecanismo de Tortura de la CNDH, se hace la supervisión a cárceles de 30 municipios y, en este contexto, se está trabajando con los alcaldes para poder mejorar las cárceles públicas y, sobre todo, dar capacitación al personal de la policía.

“Hay proyecto de cambio de instalaciones en varios municipios y esta situación, más otros factores que han ocurrido, nos han generado este proyecto de poder trabajar con las nuevas autoridades municipales; hemos tenido reuniones desde hace 15 días para acá y diversas reuniones con los Ayuntamientos y la intención es poder firmar convenios de colaboración con varios municipios, ya se signó con Valladolid y se quiere hacer con los 106 para trabajar varios proyectos con ellos”.

Parte de los proyectos que se tienen, continuó, es poder generar con los Municipios un Reglamento de Derechos Humanos Municipal para que cada Ayuntamiento tenga su reglamento y una unidad o área que se ocupe de los asuntos de derechos humanos.

“Que se ocupen no sólo de temas de la Codhey, sino de los asuntos que tengan que ver con derechos humanos, que los transversalicen al interior de los municipios, queremos atender el tema de las cárceles públicas, es una prioridad, pero también el de la capacitación en derechos humanos de los cuerpos policiacos, estamos viendo también que se generan los Bandos de Policía y Buen Gobierno”, finalizó Sabido Santana.