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Yucatán

La nueva administración del municipio de Espita dio a conocer el faltante de 12 millones de pesos que el gobierno del expresidente Josué Castillo Amézquita no justificó durante el proceso de entrega-recepción

Josué Manuel Castillo Amézquita, exalcalde de Espita en el periodo 2018-2021, fue demandado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR), por el presunto desvío de 12 millones de pesos que estaban destinados a obras públicas, después de que la presidenta municipal, Martha Mena Alcocer, y su equipo jurídico procedieran a revisar la cuenta pública de la administración saliente.

De acuerdo a información proporcionada por la Edil, se dio a conocer que durante el proceso de entrega-recepción llevado a cabo en agosto pasado con la administración saliente, hubo una negativa de su parte a cumplir con los lineamientos establecidos para este proceso señalado por la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, por lo que el nuevo departamento jurídico procedió a levantar un acta circunstanciada de no entrega como inconformidad ante las graves faltas ocurridas durante el procedimiento que se realiza durante cada cambio de administración.

Éste fue una de las tantas anomalías que quedaron al descubierto desde al inicio de la nueva administración, por lo que se esperaba descubrir cosas peores, lo que se confirmó cuando se realizó una revisión previa de las cuentas que estaba dejando Josué Manuel Castillo Amézquita.

Para no cometer ningún error en este tema donde se manejan los ingresos económicos que son para beneficio del municipio de Espita y sus comisarías es que la Primera Edil y su equipo de asesores jurídicos realizaron de manera minuciosa una auditoría a las cuentas recibidas y se llevaron la sorpresa de que había un faltante económico sin justificar mayor a los 12 millones de pesos, monto procedente de recursos federales del Fondo de Infraestructura que debió utilizarse para realizar obras que beneficiaran al municipio y sus comisarías y no se realizaron.

La nueva administración tomó la decisión de actuar de manera legal contra el exalcalde y quienes resulten responsables.

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CG