Activistas de Yucatán se suman a demanda internacional contra mega granjas porcícolas

Un total de 19 organizaciones internacionales se unieron para ir en contra de mega granjas porcícolas o fábricas de carne ubicadas en México, pero también en Argentina, Chile, Ecuador y  Estados Unidos. Esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Whashington.

Con esto se busca llevar a cabo una audiencia temática para recopilar información sobre las violaciones a los derechos humanos y abusos que se han registrado por la apertura de estas granjas.

En este grupo se encuentran las comunidades mayas de la Península de Yucatán, tras la expansión de la cría de animales en la región.

Según declaró el representante de Guardianes de los Cenotes, el gobierno autorizó una granja con 49 mil cerdos en territorio maya en dos áreas naturales protegidas, afectando uno de los recursos más importantes que se tienen para las próximas generaciones, el agua.

“Nuestro suelo los científicos dicen que es kárstico, nosotros decimos que es poroso, y toda la contaminación se filtra al agua subterránea. Estamos defendiendo lo que es nuestro y lo que será de nuestros hijo”, expuso.

Por su parte, Viridiana Lázaro Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático de Greenpeace México, indicó que no sólo la entidad de la República es afectado por las granjas porcícolas, sino que también ocurre en países como Estados Unidos, Chile, Ecuador y Argentina, por lo que con la audiencia prevén que se recopile información de las violaciones de los derechos humanos que provocan los criaderos, para que el Gobierno de México tome cartas en el asunto.

Agregó que el objetivo es que una vez enterado el Gobierno Federal se regulen este tipo de granjas de cerdos y las fábricas de carne en general.

“Esa es la importancia de unirnos como países, como organizaciones, personas y académicos. La idea es que, por medio de estas instancias internacionales, se pueda presionar para que se atiendan estos casos en México, por ejemplo”, dijo la activista.

En ese sentido, añadió que son 127 organizaciones y 151 personas académicas, expertos e interesados los que apoyan la petición, esto para que también se emita un informe con recomendaciones que hagan frente a esos abusos, ya que con la audiencia también se puede aumentar la conciencia pública y llamar la atención sobre las graves violaciones de los derechos humanos que provoca la agroindustria a nivel regional, nacional y mundial.

Señaló que entre las comunidades que se suman a esta petición está Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes), cuyos derechos a la libre determinación, autonomía y autogobierno son ignorados sistemáticamente a medida que las operaciones industriales de cría de animales se expanden en la región.

“Falta mucha regulación. Hemos encontrado granjas porcícolas asentadas en Áreas Naturales Protegidas (ANP)”, mencionó Lázaro Lembrino.

La especialista añadió que la península de Yucatán es un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad porque aloja una cantidad importante de flora y fauna, pero también por el acuífero.

“Es uno de los sitios más importantes, porque dos terceras partes del agua del país están allí en la península”, recalcó.

Asimismo, indicó que el suelo kárstico, que es delgado y permeable, facilita la filtración de los residuos de los criaderos de cerdos al manto freático y eso provoca una contaminación que afecta directamente a los ecosistemas y provoca afectaciones a la salud de las personas debido a la contaminación que producen las granjas, así como otras industrias.

“Se tienen que tomar más cuidados en esta zona frágil. En estos momentos y con estas condiciones, no es ideal instalar una granja, porque las granjas se han multiplicado. Hay algo que se llama impactos acumulativos ambientales que significa que entre más haya granjas porcícolas, los impactos se van a ir sumando entre sí. Lo que vemos en el ecosistema de la península, es que ya no cuenta con la capacidad de carga de poder procesar los desechos para que no haya contaminación”, reiteró la representante de Greenpeace.

Por último, indicó que se debe revisar cada granja que hay en la región y, en dado caso de que no cumplan con los permisos ambientales, con el ordenamiento territorial, con las consultas indígenas, esos criaderos de cerdos se deben cerrar.

“Hasta que no se regulen todas y que no tengamos la certeza de que hay una capacidad de carga en el ecosistema, no se pueden construir más granjas porcícolas en la región, porque es inviable”, concluyó.

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JG