Familias son víctimas de desalojo en Mérida

La falta de oportunidades y el contexto económico por el que pasan los pobladores más vulnerables a consecuencia de la situación sanitaria, ha sido el caldo de cultivo perfecto para que las familias pobres busquen espacios para vivir, ya que no pueden permitirse pagar la renta, y por atrasos en los pagos, han sido desalojados, han tenido que dejar atrás la comodidad de tener los servicios básicos como el agua potable y la luz eléctrica porque no tienen opción.

Las familias que ahí habitan han sido amenazadas, las han intentado desalojar, infructuosamente, porque reconocen que nadie se ha apersonado con documentación que avale la propiedad legal de los terrenos, los cuales están dispuestos a pagar para tener un lugar donde vivir.

Dos de los tres grupos entrevistados, han hecho llegar peticiones a las autoridades para establecerse de manera regular, sin haber recibido respuesta alguna hasta ahora.

El 11 de febrero de 2020, uno de los grupos de vecinos invasores envió una carta al presidente municipal, Renán Barrera Concha, para conocer la legal propiedad del predio en donde se ubicaron, el cual corresponde a la calle 73 y 75 entre 10 y 14 número 331, del Roble Agrícola. En respuesta, dos días después, la directora del Catastro Municipal, Aura Loza Álvarez, confirmó mediante un escrito:“No se encontró registro alguno de predio, tablaje o vialidad con esa ubicación”, pero sí existe un folio catastral, el 337293 en la sección 30 manzana 0424 a nombre del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), ubicado en la calle 73 número 331 x 10 y 14 en la misma colonia, de igual manera el predio de la calle 75 número 331 x 10 y 14 con folio catastral 442990, que también es propiedad del IVEY.

A pesar de esta respuesta, una empresa constructora se ha ostentado como propietaria de los terrenos, han intentado sacarlos a la mala, los han amenazado con quemar sus casas, incluso hace unos cuatro meses, tiraron una casa para que vieran que iban enserio, pero ellos resistieron en grupo; señalan que debido a los menores que ahí viven y a las mujeres embarazadas, los dejaron en paz, pero no olvidan que los amenazaron con machetes para sacarlos, pero han fracasado en sus tres intentos, comentó Candelaria Cerino de Dios.

Según lo que han escuchado es que ese sitio llevaba más de 20 años abandonado, y ahora que ellos lo han ocupado es que le ha salido un supuesto dueño, pero según los documentos que mostraron, el IVEY sería el propietario legal, por lo cual desde el Ayuntamiento les sugirieron arreglarse con esa entidad estatal.

Camila García Blanco, quien también invadió, comenta que tienen voluntad de arreglar esa situación. “Buscamos terminar este problema para tener donde vivir, por pandemia ya no podíamos pagar renta y tuvimos que dejar nuestros hogares, tenemos necesidad, las autoridades no vienen para darnos una solución, ni apoyos. Cuando repartieron despensas, nos las negaron porque somos invasores”, dijo. Asegura que no se llevan mal con los vecinos que sí viven en viviendas regularizadas, pero no los apoyan, carecen de servicios básicos y se las arreglan para seguir adelante.

En otro de los sectores, las vecinas reconocen que han invadido esos terrenos, que no son las dueñas. Muchos ejidatarios se les han acercado para sacarlas junto a las 26 familias que ahí habitan, pero nadie ha comprobado con documentos la propiedad del terreno.

Además “el presidente dice que la tierra es de quien la vive y la trabaja, yo aquí vivo y también siembro", advierte Aurora Moo, quien lleva casi un año como paracaidista en una manzana de la calle 16 de la colonia el Roble Agrícola, muy cerca de la carretera costera del golfo.

A esa zona tampoco se han acercado autoridades para llegar a algún arreglo sobre la tierra y regularizar su situación, como lograron los invasores de La Mielera y La Guadalupana, en la administración de Rolando Zapata Bello.

Eso no les impide apoyarse entre ellos para vivir cada vez mejor, cavaron un pozo para tener agua, sale limpia -reconocen-, también compraron una bomba para sacar el agua, las mangueras y “se cooperan” para pagar la gasolina que echa a andar la máquina que les proporciona el vital líquido.

La zona más grande de invasiones del rumbo está compuesta por 11 manzanas, tiene una población de 745 personas, según los propios cálculos de los invasores, el predio está ubicado en la calle 16 x79 de la colonia El Roble Alborada.

El 28 de febrero del año pasado enviaron un documento a los titulares del IVEY, Catastro Municipal y al mismo gobernador, Mauricio Vila Dosal, para que se les otorguen los terrenos “que por ser mexicanos les pertenecen”. Aducen al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Hasta hoy no han recibido ninguna respuesta por parte de ninguna autoridad.

Los paracaidistas que han desmontado predios ubicados al sur de la ciudad para hacer de esas tierras, en aparente abandono, un hogar, no tienen certeza de su futuro cercano. Ellos también fueron visitados por los ejidatarios, quienes se asumieron como propietarios del lugar, pero tampoco pudieron comprobarlo con documentos, aseguran las entrevistadas Laura Tuz, Araceli Hernández, Heidi Rendón y Martalina Peñayte.

Ellas también aseguran que están dispuestas a pagar por los predios, en ocasiones no pueden dormir, víctimas del miedo o del frío que bate en esta temporada invernal, temen el desalojo, porque no tienen a dónde ir.

Afortunadamente cuentan con el apoyo de un comedor comunitario que les provee de alimentos a un costo de 10 pesos por familia, gracias a la AC Apoyo Mutuo.

En 2015, 300 hectáreas de reserva en Mérida habían sido invadidas, según estimaciones del IVEY. El año pasado, se informó que este órgano regularizó a mil familias invasoras al sur de la ciudad.

Para este trabajo, el titular del Instituto Municipal de Planeación de Mérida (Implan), Edgardo Bolio Arceo, se excusó de emitir una opinión al respecto, mientras que el actual titular de la vivienda en el estado, Carlos Viñas Heredia, no respondió a la solicitud desde su oficina de comunicación social, adujeron no tener información sobre el tema.

JG