Unión de Ejidos pide ayuda por presunta estafa por Tren Maya

La Unión de Ejidos en Defensa del Territorio, que agrupa pobladores, comisarios y autoridades ejidales de los municipios de Escárcega, Champotón y Candelaria, acusaron al despacho Barrientos y Asociados (B&A), quien paga el dinero del derecho de vía del Tren Maya, de defraudar a estos núcleos de población e incluso aseguraron ser objeto de amenazas, agresiones e incluso asesinatos, por lo que piden la intervención de las autoridades competentes, ante la nula respuesta y apoyo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y de la Procuraduría Agraria.

Autoridades y ejidatarios defraudados señalaron que Barrientos y Asociados actuó “con mentiras y luego con amenazas para recibir una parte de las indemnizaciones” que se les pagó por la afectación del derecho de vía del ferrocarril.

La asesora jurídica Leticia Cruz señaló que no entregaron con exactitud el costo del metro cuadrado ni la tabla de avalúo, por lo que desconocen cuánto le correspondía a cada comunidad con base en lo que estipuló el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin)

El excomisario del ejido “Miguel Alemán” Enrique Collí Canché denunció que le hicieron firmar documentos supuestamente con aprobación del ejido aunado a que le entregaron dos cheques, aunque posteriormente le hicieron depositar un monto a determinada cuenta, que no era del ejido.

Aseguró que acudió a Campeche, donde depositó el dinero, pero sólo lo podía cobrar dos días después en la sucursal más cercana, la de Escárcega. Collí acudió al banco, en aquella ocasión gente de Barrientos y Asociados lo acompañó, pero, de acuerdo con su testimonio, con un revólver en mano le dijeron que depositara una parte del dinero y que no tendría problemas con los ejidatarios.

Por otra parte, el presidente del Consejo de Vigilancia de División del Norte, Delfino Gallegos Martínez, consideró que es incongruente su nombramiento, ya que no lo dejan supervisar la entrega de recursos, por lo que solicitó que se le impida inmediatamente a B&A supervisar la entrega del dinero de la indemnización.

La comisaria de “Don Samuel”, Elia Hernández Vázquez, manifestó que los habitantes están molestos porque piensan que se robaron el dinero e incluso los “quieren linchar”; sin embargo, reconoció que algunos pobladores tienen conocimiento del hecho y los defienden, aunque prevalece el enojo de los ejidatarios.

Consideró que “los llevaron al baile”, por lo que piden justicia para que se les reintegre el dinero que les corresponde además de que son varios ejidos los afectados y no sólo “Don Samuel”, como se pretende hacer creer, con el argumento de que es mujer.

También denunció que hace un año que asesinaron a su hijo además de que también a ella la amenazaron al enseñarle un arma de fuego. María Elena Hernández Hernández, del ejido “Don Samuel”, manifestó que les hablaron muy bien de la “derrama económica” que generaría el Tren Maya y que se le proporcionaría la información correspondiente a la obra. Sin embargo, con el paso de los meses, siguen sin conocer el impacto ambiental, social y cultural que representa el proyecto para estas comunidades.

Por último, Sara Gómez leyó el texto de Audomaro Miss Díaz, del ejido Candelaria, quien refutó las acusaciones de Fonatur de que son invasores, ya que la población existe desde hace generaciones, incluso antes de la construcción de la vía férrea. Juan Ortegón Balam, del ejido “Miguel Colorado” pidió pagos justos al anunciar que interpusieron una demanda.

La vocera del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Margarita Campuzano junto con Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Indignación y el Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil (CRIPX) que respaldan a los ejidos, afirmó que estas acciones representan una violación a los derechos humanos.

Además de la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) para admitir las denuncias en torno al caso, agregó que la Procuraduría Agraria no los acompañó en el proceso, con el argumento de las restricciones sanitarias por la pandemia; sin embargo, los citan en las oficinas de la Procuraduría para firmar el Convenio de Ocupación previa a Título Gratuito, al cual se negaron.

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GH