Fonatur es acusado de 'desalojo forzoso' en paso de Tren Maya en Campeche

Las acciones jurídicas de los vecinos de la ciudad capital son vistas por la autoridad federal como una acción “oscura”, motivo por el cual existen descalificaciones a los defensores de derechos humanos y se pretenden desalojos forzosos sin que medie un juicio al respecto, planteó la abogada del Colectivo Tres Barrios, Kalycho Escoffié.

En el foro “Tren Maya, vivienda y desalojos forzosos” que organizó la Asociación Civil Kanán, la representante jurídica explicó que hay un desconocimiento de la autoridad judicial del término “desalojo forzoso”, ya que cuando se tramitó el amparo cuestionaban si había ocurrido el juicio.

Expresó que es un concepto jurídico internacional y se aplica cuando se incurre en el desalojo cuando no se tiene un juicio previo para hacerlo.

Aclaró que se tienen los desalojos jurídicos porque no se cubre una renta o hipoteca y se realizan en el marco de la legalidad y basado en una disposición legal; pero en el caso de las personas que viven en el derecho de vía de los barrios del Camino Real, La Ermita y Santa Lucía no se les permite una efectiva defensa.

Incluso cuestionó el programa de Relocalización Consensuada que esgrime la Organización de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) a encargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), ya que nunca se consideró que los vecinos estuvieran en contra de la reubicación y que tal parece que será determinante.

Subrayó que Fonatur, ni ninguna autoridad federal, tiene la facultad de las reubicaciones porque no es un hecho de emergencia, como si fuera un derrumbe o algo similar, si no es un proyecto turístico y aclaró que no están en contra del Tren Maya sino de las acciones en perjuicio de los vecinos.

Sostuvo que tal parece que el derecho a defender por medio del amparo enoja a la autoridad presidencial que mediante sus conferencias descalifica a las asociaciones defensoras de derechos humanos que interponen los juicios ante el Poder Judicial, ya que los señala de que se mueven por “intenciones oscuras” detrás de los amparos y no únicamente por el derecho que asiste a todo ciudadano.

Incluso recordó que en la visita presidencial de enero se le entregó una carta al Ejecutivo Federal para que deje estigmatizar a los vecinos de que son invasores, ya que sostuvo que muchos predios son de mediados del siglo XIX; el derecho de vía fue a finales del siglo XIX y la construcción del tren a finales de los años 30 y principios de los 40 del siglo XX.

Gran número de familias no fueron indemnizadas, pocas recibieron y algunas cedieron sus terrenos para que se construya la vía.

La integrante del Colectivo 3 Barrios, Guadalupe Cáceres Gutiérrez enfatizó que seguirán en su derecho de permanecer en sus hogares y exigen la reubicación de la vía férrea, no de sus viviendas.

Negó que existan lomeríos alrededor de la ciudad que impidan la reubicación de la vía, ya que el más alto es de 300 metros en Chan Perico, al sur de la entidad, y de 250 metros en El Ramonal.

Incluso reveló que en la Iniciativa de Ciudad Sustentable que se presentó para la ciudad de Campeche, en un inciso se plantea la reubicación de la vía del tren y se expone un anteproyecto.

SY