Amparo contra Tren Maya en Campeche es legítimo

El amparo interpuesto por comunidades indígenas contra el Tren Maya en Campeche es legítimo, aseguró el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
jueves, 10 de septiembre de 2020 · 07:21

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) sostiene que la violación a los derechos humanos de los ciudadanos por parte del Estado, es una razón jurídica que tienen para presentar un amparo, motivo por el cual presentaron uno en julio del 2020 en contra del Tren Maya, por faltar al consentimiento sobre dicho proyecto. 

Al reiterar su planteamiento con respecto al proceso jurídico que hizo el organismo ambiental, precisó que en el caso de Campeche fueron habitantes de los municipios de Candelaria y Calakmul los que interpusieron el recurso junto con habitantes de Yucatán y Quintana Roo. 

De acuerdo con lo expuesto por CEMDA, las comunidades indígenas tienen una relación especial con los ecosistemas, además de insistir en que la consulta indígena que realizó el Gobierno Federal violó los tratados internacionales en la materia. 

Además consideran que la obra ferroviaria atenta contra un medio ambiente sano, tal y como lo establece el artículo cuarto de la Constitución Política. 

También puede generar un impacto irreparable en las Áreas Naturales Protegidas y en los corredores biológicos, así como en los ecosistemas que se encuentran en su trazo. 

Reiteran que cualquier acto de autoridad del estado en contra de los ciudadanos, que sea violatorio de sus derechos, permite a los mismos presentar un amparo ante el Poder Judicial, como sucedió con el interpuesto contra el Tren Maya. 

Este instrumento jurídico representa una denuncia para el Ejecutivo Federal, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INPI), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Fonatur-Tren Maya. 

También involucra a la Subsecretaría de Derechos Democráticos y Participación Social de la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  al Gobierno de Campeche y a la ONU-Hábitat.

Por Wilbert Casanova

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