Pleito legal contra el Tren Maya no se detiene en Campeche, activistas

Mientras el Gobierno Federal señala los beneficios que traerá a la región el Tren Maya en los rubros de desarrollo social, cultural, ambiental y económico, en especial a Campeche, las asociaciones que están en contra del proyecto difieren de esta postura y exponen sus alegatos públicos y judiciales para que cese.

Incluso en la reciente visita que hizo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la comunidad de Dzitbalché como parte de la supervisión del Tramo 2 que le corresponde a Campeche de Escárcega a Calkiní, con una extensión de 235 kilómetros y la cuantiosa inversión que el proyecto ferroviario representa, el Colectivo 3 Barrios le entregó una carta donde le pidieron que reconsidere el trazo en la ciudad de San Francisco de Campeche y se reubique fuera de la zona urbana.

El Ejecutivo Federal dio el banderazo a la obra el 3 de junio en Escárcega, el 10 de octubre hizo la primera visita de inspección en el ejido Adolfo Ruiz Cortines; la segunda ocurrió el pasado 19 de diciembre, además de anunciar que regresaría en marzo.

Planteó que el compromiso de su administración es no dejar obras inconclusas, “tenemos que terminar a tiempo y por eso la importancia de las empresas que están a cargo de la construcción del Tren Maya”, apuntó.

Además celebró que “se avanza de acuerdo con el programa y voy a regresar porque se trata, entre otras cosas, de la inversión del Gobierno Federal más importante para el sureste de México, y es una de las inversiones públicas de más cuantía en las últimas décadas.”

En su intervención, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, destacó que los estudios confirman que el Tren Maya como modelo de desarrollo es el medio más sostenible para generar prosperidad.

“Dado que en Campeche una de cada cinco personas se dedica al sector primario, el proyecto pueden traer grandes beneficios para impulsar infraestructura necesaria para desarrollar productos de alto valor agregado”, sostuvo.

En cambio el director general de Grupo Carso, Antonio Gómez García, detalló que se lleva el 63% de avance de la obra; 107 km. en longitud de ingeniería, 40 km. en desmantelamiento de vía; siete frentes en 30 km. de construcción de terracerías y terraplén.

Además, 29 bancos de materiales abiertos; 46 km. de aplicación de medidas de mitigación ambientales y 163 mil 239 durmientes fabricados, entre otros aspectos técnicos.

A nivel estatal, tanto el sector privado como los sindicales están de acuerdo con la obra tanto por la derrama económica como el empleo que les genera; Fonatur estimó que al menos siete mil empleos se han creado desde el inicio de operación de la obra hasta la fecha.

Para el tesorero de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Carlos Illescas Avila, la inversión total en los próximos tres años es de alrededor de 150 mil millones de pesos.

Argumentó que esto contempla artículos que no se producen en el Estado como los vagones del ferrocarril, los rieles, las vías del tren, ya que se elaboran en Tlaxcala por las especificaciones técnicas y las plantas de ese tipo que no se tiene en la región aunque resaltó que es una derrama importante por los materiales que se tienen que usar, y en algunos casos, pagar fletes.

Al respecto, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Campeche (FTC), Wilgen Hernández Cherrez, también se pronunció a favor por los beneficios económicos que genera la obra, ya que en estos momentos al menos 500 obreros están contratados pero también las unidades para el traslado de los materiales de compactación y relleno en el desmantelamiento de las vías.

Estimó que al menos dos mil empleos se les puede otorgar a la FTC aunado al incremento en la movilidad de los volquetes que aumentará el número de unidades conforme comience la obra de ingeniería.

Desacuerdo

El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), una de las organizaciones que más ha cuestionado el proyecto ferroviario, planteó mediante la asesora jurídica Elisa Cruz Rueda que están en espera de la resolución del Segundo Juzgado de Distrito para que emita el juicio de algunas impugnaciones hechas a la jueza, aunque consideró que lo novedoso en el proceso es que los que dieron el espaldarazo a las instituciones ahora se les considere los “terceros interesados” en el amparo interpuesto por la suspensión de la obra.

Recordó que la suspensión definitiva en el tramo de Calakmul fue en los mismos términos de la provisional; sin embargo, tiene menos puntos que los expuestos en la provisional por lo que han presentado recursos de queja.

Dio a conocer que se le pidió a la jueza segunda de Distrito que turne el expediente al Tribunal Colegiado, para que resuelva una serie de procedimientos jurídicos interpuestos como el Recurso de Queja porque no les quisieron admitir pruebas por cuestiones procedimentales y de tiempo que esgrimía el juzgado, pero aseveró que comprobaron “el error de la jurídica”.

Reveló que se inconformaron y presentaron un recurso de revisión “en contra de la suspensión definitiva, justamente porque aduce la protección amplísima que ya había dado la jueza en la suspensión provisional y que la reduce a Xpujil”.

Expuso que hay una serie de recursos que se detienen o ponen en suspensión el procedimiento, motivo por el cual no se pasa a la fase de audiencia constitucional; sin embargo, enfatizó que lo más importante para el proceso jurídico del CRIPX es que “no nos quisieron recibir tal evidencia”.

Reiteró que el grupo de personas que acudió a denunciar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Fiscalía General de la República (FGR) al CPRIX y a la agrupación CEMDA -que no emitió aclaración- de que se ostentan en nombre de los habitantes de Calakmul, es que ahora se les incluya como “terceros interesados” en el amparo donde piden la cancelación.

Por su parte, Guadalupe Gutiérrez Cáceres, integrante del Colectivo 3 Barrios que agrupa a habitantes de Camino Real, La Ermita y Santa Lucía en la ciudad capital -y que exigió la reubicación de la vía y no de sus viviendas- manifestó que el amparo que también interpusieron se pospuso para enero luego de volver a aplazarse la audiencia que tenían programada para el pasado 15 de diciembre.

Consideró que el proceso se alargará hasta el próximo año debido a la situación burocrática del Poder Judicial; sin embargo, resaltó que “lo importante aquí es que mientras dure esta situación, nosotros como colectivos estamos protegidos por el amparo que originalmente tenemos, eso es lo importante”.

Explicó que en el recurso legal interpuesto el pasado 7 de agosto se interpuso una ampliación de amparo en donde se pide la reubicación de las vías del tren.

Calificó al Poder Judicial como omiso en algunos casos aunado a lo burocrático que se vive actualmente con los procedimientos electrónicos.