Ejidatarios de Campeche acusan a comisarios por desviar recursos del Tren Maya

En el pago del derecho de vía, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) erogó 800 millones de pesos para las 36 comunidades que se encuentran en los 235 kilómetros del Tramo 2 del Tren Maya, informó el enlace territorial, Elia Salavarría Pedrero, quien también planteó que las irregularidades en el manejo de los recursos son parte de un problema interno que le corresponde solucionar a los ejidatarios.

Ante las denuncias públicas en donde se señalaba a Fonatur y al despacho jurídico Barrientos y Asociados de no entregar el dinero completo del derecho de vía, explicó que se entregaron los cheques a los comisarios, porque así lo establece la ley, por lo que es la comunidad la que decide el uso y la aplicación de los recursos; Fonatur no tiene la facultad de decirles cómo y en qué gastarlo, debido a que “la asamblea es autónoma y se rige por sus propias leyes, con base en la Ley Agraria”.

Expresó que tras la entrega de los cheques, los habitantes de los ejidos denunciaron ciertas irregularidades que tuvieron que constatar, ya que no se puede “tomar por verdad lo primero que nos digan”, por lo que se sentaron a dialogar para saber lo que sucedió.

Reconoció que los comisarios ejidales “no pudieron comprobar todos sus gastos”, lo que generó conflictos en algunas comunidades; sin embargo, fueron los propios habitantes quienes decidieron remover al comisario, o en caso contrario, que permaneciera en el cargo.

Añadió que en algunas comunidades se realiza el cambio de las autoridades ejidales como sucedió recientemente en el poblado de San Francisco Kobén, aunque son los propios hombres de campo quienes aprueban remover a sus autoridades, por lo que enfatizó que “ante eso, nosotros no podemos hacer nada, porque la misma ley nos lo marca”.

Aseguró que Fonatur cumplió al transparentar toda la información en lo que compete al pago de las indemnizaciones, tanto por el monto como por la hectárea por metro cuadrado que les correspondía a las poblaciones que se encuentran a la vera de la vía del ferrocarril.

Pago por derecho de vía

Detalló que se le pagó a 36 comunidades, en las cuales se erogaron cerca de 800 millones de pesos distribuidos proporcionalmente con base en la afectación de la superficie que tenían.

Aseveró que el pago ya se hizo a todas las comunidades, además de considerar las particularidades de cada uno, esto con base en las evaluaciones que hace el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDABI) que determina la cantidad a erogar de acuerdo con los valores con los que hace las cuantificaciones.

Puntualizó que recientemente terminaron una gira en el municipio de Champotón, en donde se colocaron planos de tamaño considerable, así como las imágenes de los cheques para que los habitantes conocieran el monto que recibió su ejido.

Incluso dio a conocer que se contó con un equipo de topógrafos con quienes se recorría la superficie que resultará afectada, para que los habitantes tuvieran conocimiento de la extensión exacta, ya que con ello se determinaba el monto que le debían pagar a cada comunidad.

Enfatizó que la idea era no perder la confianza que depositaron las comunidades en el proyecto del Tren Maya y el pago de la indemnización era la mejor intención para realizarlo; sin embargo, aceptó que “se tergiversó en algunos lugares, pero ya hemos superado eso”.

También dio a conocer que pese a que ya se pagó el derecho de vía y como aún no concluye el Proyecto Ejecutivo de la obra, habría una rectificación en el trazo, a la cual se incorporará una adenda y se pagará.

Explicó que lo anterior se debe a que hay curvas muy pronunciadas en algunos puntos del trazo ferroviario, por lo que se tendrán que hacer correcciones, motivo por el cual se pueden ampliar el derecho de vía y ante ello también el pago de la extensión que se abarque.

Aclaró que éste punto todavía se define y se sabrá cuando se tenga listo el Proyecto Ejecutivo que será para finales de este año.

De los comisarios que amenazaron con interponer denuncias penales porque supuestamente el despacho jurídico Barrientos y Asociados se quedó con el dinero que pagó Fonatur, e incluso también lo involucraba, aseguró que “hasta este momento nosotros como Fonatur no hemos recibido ninguna denuncia”.

Por Wilbert Casanova