CIDH alerta sobre violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas en México

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una declaración de alarma sobre la creciente violencia contra activistas y periodistas en México, resaltando los continuos desafíos en seguridad ciudadana en el país. 

En su informe anual de 2023, la CIDH, que opera bajo la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene sede en Washington, subraya su inquietud por las persistentes amenazas y ataques que enfrentan estos grupos vulnerables.

Durante el año 2023, México se posicionó como uno de los países más peligrosos para la prensa a nivel mundial, alcanzando la lamentable cifra de ocho periodistas asesinados, según Amnistía Internacional. 

Este número es el más alto registrado en países no involucrados en conflictos bélicos. 

Además, la CIDH expresó su preocupación por los señalamientos negativos de las autoridades estatales hacia estos grupos, información que fue especialmente destacada por organizaciones civiles.

Militarización y seguridad pública:

La Comisión también criticó los retrocesos en el plan de retiro gradual de las Fuerzas Armadas de sus funciones de seguridad pública, notando una extensión en los plazos que había establecido previamente. 

Este enfoque militarizado para combatir el crimen organizado ha resultado, según el informe, en un aumento significativo de violaciones graves a los derechos humanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha justificado el uso del Ejército en tareas de seguridad pública como una medida necesaria para enfrentar la crisis de violencia en el país. 

Aunque las estadísticas oficiales muestran una leve disminución en los homicidios en los últimos años, con un promedio de 81 asesinatos diarios en 2023 frente a los 91 de 2022 reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las cifras siguen siendo alarmantemente altas.

La CIDH insta a México a tomar medidas concretas para proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas, mientras que la sociedad civil continúa abogando por un cambio en la estrategia de seguridad que priorice los derechos humanos sobre la militarización. 

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