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En 2023, ayuntamientos de Yucatán cumplieron con el 84% de sus funciones: Inaip.El Inaip presentó su Informe Anual de Actividades 2023, donde destaca el número de ciudadanos que pidieron acceso a información, así como la cifra de autoridades en cumplimiento de sus labores

México

El Tribunal Supremo de Justicia prohibió la entrada en vigor de una ley en Texas que permitía a la policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, liderada por la canciller Alicia Bárcena, expresó su satisfacción por la decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de poner en pausa indefinidamente la implementación de la ley SB4 en Texas. 

Dicha legislación, que había sido tildada de criminalizar la presencia de personas indocumentadas en el estado, ha generado una amplia preocupación por sus potenciales efectos en los derechos humanos.

Según la SRE, la ley SB4 fue criticada por otorgar a las autoridades estatales y locales facultades para actuar en asuntos migratorios, una competencia que tradicionalmente ha sido reservada exclusivamente para el gobierno federal de Estados Unidos. 

Esta disposición ha sido considerada inconstitucional por afectar negativamente a la comunidad migrante.

En este contexto, México ha reafirmado su compromiso con la cooperación internacional y el desarrollo como medios para abordar conjuntamente las causas fundamentales que impulsan la migración, subrayando la importancia de gestionar este fenómeno de manera colectiva y respetuosa.

La cancillería mexicana también se pronunció firmemente en contra de cualquier propuesta legislativa que busque criminalizar la migración, fomente la separación familiar, incurra en discriminación o practique el perfilamiento racial, considerando estas acciones como violatorias de los derechos humanos.

Finalmente, la SRE aseguró que mantendrá su compromiso inquebrantable de proteger los derechos y bienestar de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, garantizando el acceso a servicios consulares donde quiera que se encuentren, reiterando su posición de defensa ante cualquier política que ponga en riesgo a la comunidad migrante.

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