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Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, señaló este martes que la extorsión es un delito que lastima a la sociedad y afecta su patrimonio y seguridad

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha expresado su preocupación por el notable incremento en los casos de extorsión a nivel nacional, un delito que impacta directamente en la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos. 

En una reciente declaración, Rodríguez Velázquez señaló un incremento del 7.7 por ciento en este tipo de crimen durante enero de este año, en comparación con el mismo mes del año anterior, según los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ante esta creciente problemática, la secretaria respaldó firmemente la propuesta presidencial de catalogar la extorsión como un delito grave, lo cual dificultaría la liberación prematura de los delincuentes implicados en estas acciones. 

Esta medida busca abordar diversas modalidades de extorsión que afectan diariamente a las víctimas, incluyendo engaños telefónicos, amenazas, los llamados "montachoques", "montadeudas", exigencias bancarias, cobro de piso y monopolios en la distribución de productos.

Además, Rodríguez Velázquez subrayó la importancia de una reforma integral que incluya modificaciones a la Constitución y a la ley contra la delincuencia organizada, permitiendo así el desmantelamiento y procesamiento judicial de las estructuras delictivas dedicadas a la extorsión. 

La propuesta legislativa contempla también sanciones específicas para conductas relacionadas, como el engaño telefónico y ofertas de premios fraudulentas, unificando los tipos penales y sus sanciones a nivel nacional, y garantizando la reparación del daño a las víctimas.

La secretaria de Seguridad confía en que los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión muestren sensibilidad hacia esta iniciativa, cuyo objetivo principal es fortalecer el bienestar y la protección de la población frente a este flagelo. 

Con estas medidas, el gobierno mexicano reafirma su compromiso con la seguridad de sus ciudadanos y su determinación para erradicar la extorsión del panorama delictivo del país.

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IO