Ministra Batres calificó de “albazo“ declarar inconstitucional la Reforma Eléctrica
Lenia Batres, ministra de la SCJN, cuestionó la validez del voto de calidad del Ministro Presidente de la Segunda Sala para declarar inconstitucional la reforma eléctrica
La ministra Lenia Batres expresó su desacuerdo con la reciente decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional la reforma eléctrica.
A través de un mensaje publicado en redes sociales, Batres describió la acción como un "albazo", señalando que algunas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica ya habían sido discutidas y consideradas constitucionales por el Pleno de la Corte.
Batres criticó el proceso judicial, argumentando que la recusación interpuesta por la Secretaría de Energía no fue tramitada adecuadamente, lo que, según ella, constituye una violación del artículo 60 de la Ley de Amparo.
La ministra enfatizó que la falta de trámite adecuado a esta recusación era una preocupación significativa.
Batres Guadarrama también cuestionó la validez del voto de calidad emitido por el ministro presidente de la Segunda Sala, Alberto Pérez Dayán.
Este voto fue decisivo para la declaratoria de inconstitucionalidad de la Reforma, emitida tras un empate de 2 a 2 entre los ministros de la Sala.
El proyecto de Pérez Dayán determinó que siete artículos claves de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica contravenían el marco legal establecido en 2013 sobre generación y mercado eléctrico mayorista.
De acuerdo con la sentencia, estas modificaciones distorsionan el proceso de competencia y libre concurrencia en el sector de la generación de energía eléctrica, además de obstaculizar la formación de un nuevo mercado, desincentivar la participación de nuevos agentes y romper con el principio de neutralidad.
Este fallo ha generado un intenso debate y ha sido objeto de críticas por parte de varios sectores, incluyendo a la propia ministra Batres, quien ve en esta resolución judicial una transgresión a los procesos establecidos y un obstáculo a los objetivos de la reforma eléctrica impulsada por el gobierno actual.
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