SCJN rechaza postergar reforma a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza en San Lázaro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó dar una prórroga a la Cámara de Diputados para que reforme la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que tienen el objetivo de enmendar las deficiencias en materia de derechos humanos, así como lo ordenó el máximo tribunal desde hace casi siete meses. 

El 26 de octubre del año pasado, el pleno de la SCJN resolvió esta acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que ordenó al Congreso de la Unión realizar esta reforma de ley en su primer periodo ordinario de sesiones, el cual concluyó en abril pasado. 

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, envió una solicitud a la Suprema Corte para que ampliaran el plazo y les permitan hacer las reformas necesarias en el segundo periodo de sesiones de este año, tras no cumplirse esta determinación del máximo tribunal del país. 

En tal solicitud, Gutiérrez Luna aseguró que trabajan en el tema, sobre el cual existen iniciativas con proyecto de decreto, las cuales, dijo, se turnaron a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. 

SCJN advierte sobre sanciones de no respetar su mandato 

Sin embargo, el máximo tribunal del país se negó a ampliar el plazo otorgado, con el argumento de que el “plazo fue claramente especificado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, con base en un acuerdo publicado por el máximo órgano de justicia. 

La SCJN advirtió al diputado Gutiérrez Luna que podrá imponer multas, y otras sanciones establecidas en el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 constitucional, que incluyen separación del cargo e incluso consignación por desacato. 

Asimismo, la Suprema Corte también emplazó a la Cámara de Diputados para que en los próximos 10 días hábiles entregue copias certificadas de los documentos que “acrediten los actos que ha llevado a cabo para lograr el cumplimiento fehaciente del fallo constitucional”. 

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JAL